En Argentina, la población sin acceso a agua de red tiene que pagar hasta un 460% más por agua segura (embotellada) de lo que pagaría en la factura del agua si estuviese conectada a la red. En las zonas rurales, la exposición a fuentes inseguras entre las poblaciones aisladas da como resultado la perpetuación de las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Estos datos se desprenden del informe “Valorando el agua”, elaborado por el Banco Mundial. Allí, se estiman los costos económicos que Argentina tiene por las brechas en seguridad hídrica y se analizan los desafíos que el país enfrenta para alcanzar una mayor seguridad hídrica.
Con una mayor seguridad hídrica, se puede reducir el costo económico anual del 2,2% del PIB, o US$ 11,8 mil millones. Más de la mitad de este monto total anual refleja las pérdidas en la calidad de vida, incluidos los efectos en la salud y la educación, de las personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento. Entre otros generadores de costos sustanciales se incluyen los impactos relacionados con el agua a partir de una mayor exposición al cambio climático, principalmente a las sequías, pero también a las inundaciones.
Las inversiones requeridas en seguridad hídrica (infraestructura de riego, cobertura de agua potable y saneamiento) podrían aumentar hasta en un 2,7% el PIB del país para el 2030. En términos absolutos, esto significaría USD 15 mil millones adicionales por año en valor agregado. Pero las inversiones solas no bastan. Estas deben acompañarse de una serie de mejoras en el sistema de gobernanza y gestión del agua para que sean eficaces y sostenibles.
¿Como hacerlo? Concretamente, las recomendaciones del estudio son:
- Fortalecer la gestión de los recursos hídricos (mejoras en marcos regulatorios nacionales y provinciales, reforzar rol de organizaciones de cuencas, sobre todo en ámbitos de planificación, mejoras de capacidades técnicas y ampliar base información disponible y transparencia especialmente en relación con la disponibilidad y la calidad de agua superficial y subsuelo).
- Reducir los riesgos hidrológicos y aumentar la resiliencia a sequías e inundaciones (sistemas de alerta temprana, infraestructura verde, uso adecuado del suelo, mejorar la planificación urbana, asegurar cumplimiento de normativas, mejora de la seguridad de presas, y ampliación de la capacidad de almacenamiento con particular énfasis en los emprendimientos multipropósito).
- Provisión inclusiva y sostenible del agua y saneamiento (priorizar la expansión de los servicios a los más vulnerables, reforma del marco regulatorio, mejora de la eficiencia en la provisión de servicios, expansión del sistema de información y promoción de medidas de economía circular).
- Expansión de servicios de riego de forma sostenible para mitigar impactos de cambio climático (mejoras en la gestión eficiente y compatible con otros usos e integración en procesos de planificación de cuenca, recuperación de costes, nuevas formas de financiamiento con sector privado).