El hecho de que la mitad de la población no participe en las decisiones públicas en igualdad de condiciones impide que la democracia funcione correctamente, ya que la ausencia de mujeres en las instituciones dificulta la convivencia democrática, limita las visiones e intereses sociales sobre los asuntos públicos y reproduce condiciones de desigualdad entre los géneros. Esta reflexión la hace Flavia Freidenberg, Coordinadora General del “Observatorio de Reformas Políticas de América Latina” e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Universidad Nacional Autónoma de México. El análisis completo lo publicó en la newsletter Café Semanal Latam, de IDEA Internacional (Institute For Democracy And Electoral Assistance).

La representación descriptiva de las mujeres se ha incrementado más de 30 puntos porcentuales en tres décadas en la región. Cuba, Nicaragua y México superan en este momento el 50% de legisladoras en sus Poderes Legislativos; mientras que Bolivia, Granada, Costa Rica, Argentina y Perú cuentan con al menos el 40%. Aún así, once países no alcanzan el 20% de representación de las mujeres (Ecuador, Guatemala, Colombia, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Paraguay, Brasil, Belice, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Haití), siendo éste último -con un 2,5%- el de menor presencia de legisladoras en toda la región. De ahí que de los 30,688 escaños por los que se ha competido a nivel legislativo nacional en 18 países de América Latina desde 1978, sólo 5,695 han sido ganados por mujeres frente a los 24,963 de los hombres legisladores.

La experiencia comparada latinoamericana ha enseñado cómo las numerosas lagunas legales y la supervisión laxa han creado oportunidades para que las élites partidistas no cumplan con las exigencias del régimen electoral de género. De ahí que, junto a la fortaleza del régimen electoral de género y el tipo de sistema electoral, también importa la presencia de actores críticos (mujeres políticas, activistas y defensoras de derechos de las mujeres, el movimiento amplio de mujeres, autoridades electorales, funcionarias públicas, personas de la academia, entre otras) y su capacidad de incidencia para que esas reglas formales se cumplan. La posibilidad de monitorear y controlar que se implementen las normas jurídicas ha permitido articular mecanismos formales e informales para reforzar y/o exigir el cumplimiento de las leyes y esto ha sido clave en el éxito de las reformas.

Flavia Freidenberg hace tres recomendaciones institucionales para ampliar la representación:
1.    Hacer efectiva en el marco normativo los compromisos asumidos internacionalmente sobre “democracias paritarias”, tanto en el registro de candidaturas, en la integración de todos los órganos del Estado y en todos los niveles institucionales.

2.    Orientar los sistemas electorales hacia fórmulas “amigables a las mujeres”, en los países donde aún hay sistemas restrictivos. Esto supone apostar por una mayor proporcionalidad, en distritos medianos y grandes y en sistemas de listas cerradas y bloqueadas.

3.    Aprobar normas de financiamiento público etiquetado con perspectiva de género y fiscalizar la entrega de dinero público para las campañas electorales de las mujeres de manera igualitaria a las candidaturas de los hombres, de manera que compitan en una cancha equilibrada.