El 27 de marzo de 2022, Uruguay llevó a cabo un referéndum para someter a consulta popular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). La ley abarca temas tan diversos como la seguridad pública, la educación, la economía y las empresas públicas, las finanzas, el sector agropecuario, la seguridad social y las relaciones laborales, el desarrollo social, la salud y la emergencia habitacional.
Civic Space Guardian, una herramienta de Directorio Legislativo analiza este acontecimiento. Uruguay es el país de la región que más ha desarrollado y aplicado los mecanismos de democracia directa. El referendum es uno de estos resortes previstos por la Constitución para que la ciudadanía pueda recurrir una ley que ya fue aprobada por el Parlamento, dentro del año de su promulgación.
Se necesitaban algo más de 670.000 adhesiones para habilitar el referéndum, es decir al menos el 25% del total del padrón electoral. Se consiguieron cerca de 800.000, una cifra récord en términos de participación ciudadana en la historia de las consultas populares a nivel nacional, pero el proceso fue arduo.
En síntesis, los 135 artículos recurridos se mantienen vigentes. Más allá del resultado final – triunfó el “NO” por unos 30.000 votos – esta elección es el resultado de un proceso de movilización social y también política que involucró de lleno a la ciudadanía en la discusión pública y en la toma de decisiones.
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