#133- Paraguay destaca en la región por su gobernanza para acceder al agua potable

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En América Latina y el Caribe, como en gran parte del mundo, el acceso al agua sigue siendo muy desigual. Se estima que para 2050 más del 50% de la población mundial vivirá en áreas de escasez hídrica. Ahora bien, la crisis mundial del agua hoy es principalmente una cuestión de gobernanza más que de disponibilidad del recurso.

“El agua es un servicio básico y un derecho humano que los Estados deben garantizar por igual a todos los ciudadanos, sin importar en qué parte del territorio vivan o cuánto puedan pagar por el servicio. Mejorar su gestión para lograr agua para todos requiere considerar los marcos y sistemas institucionales que determinan quién puede usarla, cuándo y cómo”, dice Luis Felipe López-Calva, subsecretario General Adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe.

Paraguay destaca en la región por su cobertura casi universal de acceso al agua potable. Hace apenas veinte años el acceso al agua en el país era muy desigual. Sin embargo, en dos décadas, el país lo amplió rápidamente a las zonas rurales y a los ciudadanos pobres, eliminando virtualmente estas brechas. Si comparamos este aumento con el experimentado por otros países, Paraguay se destaca como uno de los países que más ha mejorado en el mundo. Este cambio no es resultado de un repentino aumento en la cantidad de agua disponible en el país, sino el resultado de inversiones intencionales para mejorar la gobernanza del agua, incluidas medidas como el establecimiento de nuevos marcos legales, la creación de capacidad estatal y el establecimiento de nuevos modelos de compromiso con comunidades locales.

En las comunidades rurales, el modelo funciona dando la responsabilidad del agua y el saneamiento a una junta -conocida como Juntas de Saneamiento- que está dirigida por voluntarios. Hay más de 2.500 de estas asociaciones comunitarias en zonas rurales y pequeñas comunidades de la periferia urbana de Paraguay.

Las juntas no sólo recuperan los costos de mantenimiento y funcionamiento mediante la fijación de tarifas de agua, sino que también devuelven una parte del capital invertido para la construcción de la infraestructura. Una familia rural paga entre 3 y 5 dólares al mes por su servicio de agua, que suele abonarse en efectivo a los miembros de la junta.

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