#142- Costa Rica aprobó una ley de acceso a la información pública, ¿cómo está el resto de la región?

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En los últimos días de abril, la Asamblea Legislativa de Costa Rica sancionó una ley general de acceso a la información pública y transparencia. La legislación reconoce el derecho de toda persona – ya sea física o jurídica – a solicitar información pública y acceder gratuitamente a ella. Todos los órganos de la administración pública están obligados a proporcionarla y también las empresas que administren fondos, bienes o servicios públicos. No alcanza, sin embargo, al poder legislativo ni al poder judicial. La información de acceso público incluye todos los documentos de carácter público que se encuentren en poder de estos organismos con la excepción de aquellos declarados como secreto de Estado o que pongan en riesgo la seguridad pública, entre otras.

Directorio Legislativo realizó un informe sobre como viene avanzando la región respecto a esta legislación. Allí se puede ver que casi todos los países de América Latina reconocen por ley el derecho de la ciudadanía a solicitar y acceder a información pública. El tema se instaló en la agenda legislativa regional a principios de los años 2000 con la sanción de las leyes de México, Panamá (2002), Perú (2003), Ecuador, República Dominicana (2004), Chile, Uruguay y Guatemala (2008). A partir de 2011 se reactivó nuevamente con las leyes de Brasil, El Salvador (2011), Colombia, Paraguay, Guyana (2014) y Argentina (2016). Sin embargo, hay países que todavía no tienen una ley marco que garantice integralmente este derecho básico (entre ellos Bolivia, Venezuela y Cuba) y otros donde hubo retrocesos, en especial desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, se vienen detectando preocupantes señales de retroceso en varios países de la región. Uno de los casos más preocupantes es El Salvador, donde se está tratando una reforma a la ley de acceso a la información pública para ampliar la capacidad del gobierno de clasificar información que hasta ahora los organismos están obligados a proporcionar, burocratizar el proceso de solicitud y reducir la autonomía del órgano garante. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también expresó en repetidas ocasiones su intención de eliminar el Instituto de Acceso a la Información Pública como organismo descentralizado para crear en su lugar una secretaría bajo la órbita del ejecutivo. Sin embargo, esto requeriría una reforma constitucional que por ahora no parece ser políticamente viable. También naufragó su pretensión de declarar de interés público y de seguridad nacional las obras públicas, lo que en práctica habilitaría al ejecutivo a denegar información legalmente.

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