Las movilizaciones sociales y eventos políticos que tuvieron lugar hace más de dos años en Chile llevaron al país a elaborar un gran pacto social para distribuir el poder y garantizar los derechos de todas y todos. La elaboración de una nueva Constitución fue consecuencia del agotamiento de un modelo de sociedad que logró generar mucha riqueza, pero que sin embargo repartió muy mal sus frutos, un modelo excluyente en la toma de decisiones con muy baja participación social, concentrador del poder en muy pocos y generador de oportunidades muy dispares para su población. Todo ello, bajo el paraguas de una Constitución dictada en dictadura militar, que más allá de sus modificaciones en democracia, no genera adhesión ciudadana.  

“Un desafío importante para que el proceso tenga legitimidad es que la Convención logre implementar todos los mecanismos de participación lo antes posible, para que las voces desde la ciudadanía puedan efectivamente ser parte de la deliberación interna de la Convención. Se trata de lograr la sincronía necesaria entre los aportes de la ciudadanía y los temas que se vayan abordando dentro de la convención de acuerdo a su cronograma. En segundo lugar, también es un desafío informar oportuna y masivamente de la disponibilidad de estos mecanismos de participación y cómo operan cada uno en términos de sus requisitos, implementación e inclusión en la discusión constitucional”, dice Leonardo Moreno, director programático de Fundación Avina. 

El reglamento de participación acordado por la Convención Constitucional establece ocho mecanismos de participación agrupados en dos ejes: mecanismos autoconvocados y mecanismos convocados por la Convención. En los mecanismos autoconvocados se encuentran la Iniciativa Popular de Norma y Encuentros autoconvocados. Por otro lado, en los mecanismos convocados por la Convención se incluyen: Plebiscito Dirimente, Audiencias públicas, Cuenta Popular Constituyente, Jornadas Nacionales de deliberación, Foros Deliberativos y Cabildos Comunales. 

“La participación de la sociedad civil es fundamental como articulador y conductor de las demandas ciudadanas. Se trata de un sector que no solo interviene o trabaja directamente en territorios y con comunidades, sino que además reúne una rica experiencia y conocimiento de los cambios que el país necesita. Por otro lado, es también una responsabilidad colaborar con la legitimidad de este proceso, y eso, solo se logra en la medida que se involucre a las comunidades en los procesos deliberativos”, expresa Moreno. 

Para que la nueva Constitución gane legitimidad se necesita transparencia y comunicación en el desarrollo de la Convención. “Hay que lograr un sistema de participación popular que permita el involucramiento de todas las personas, comunidades y organizaciones en los procesos deliberativos, cumpliendo con requisitos de diversidad, inclusión, transparencia, accesibilidad universal y descentralización”, enfatiza Moreno. 

Las demandas prioritarias de la ciudadanía para el proceso: 

  • Establecimiento y garantía de derechos sociales 
  • Nuevo trato con el medio ambiente 
  • Redistribución del poder 
  • Descentralización y Participación Ciudadana 
  • Plurinacionalidad 
  • Igualdad de género.