De acuerdo con un informe reciente de Oxfam, mientras los diez hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas durante la pandemia, el 99% de la población mundial ha visto decaer sus ingresos. Organizaciones de la sociedad civil observan un retroceso de la lucha contra la desigualdad y la pobreza por primera vez en décadas, con millones de personas que podrían caer en inseguridad alimentaria este año.

Un grupo de organizaciones desarrollaron una declaración que pide un nuevo pacto fiscal desde América Latina para una transición verde y justa. “Los sistemas fiscales latinoamericanos han estado al servicio de intereses económicos de élites y de los más poderosos, pero no han contribuido a reducir la desigualdad, ni han permitido contar con recursos públicos suficientes. No es simplemente una preocupación regional, sino un problema global”, expresan.

El FMI atestigua que desde 1980 el mundo ha experimentado una carrera al abismo de sus tasas tributarias corporativas y a la renta de individuos. Al mismo tiempo, según el propio FMI el 40% de la inversión mundial es inversión fantasma y transita por algún país con prácticas fiscales agresivas mientras el 45% de los beneficios internacionales de grandes corporaciones se declaran en paraísos fiscales.

El desafío de reducir las desigualdades para asegurar derechos económicos, sociales, laborales, culturales y ambientales, así como para transitar hacia una economía baja en carbono requiere de una estructura fiscal internacional que se tome en serio el combate a los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión, así como abordar la tributación de la riqueza y el capital o la implementación de políticas fiscales progresivas, verdes y con enfoque de género que protejan al planeta y el futuro de las nuevas generaciones.

A nivel internacional se han desarrollado diferentes iniciativas que buscan avanzar hacia una mayor cooperación internacional en materia impositiva. Por ejemplo, tanto el FACTI Panel de la ONU (Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030) como los países africanos han propuesto iniciar negociaciones bajo el auspicio de Naciones Unidas para acordar una Convención Tributaria Internacional con el objeto de eliminar la erosión de la base imponible, la evasión y elusión fiscal, así como otros abusos fiscales transnacionales.

Por su parte, la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmada por 137 países busca impulsar un acuerdo global sobre la tributación de grandes multinacionales en una economía digitalizada. También reconoció en su planteamiento inicial la importancia de coordinación internacional para acabar con el abuso tributario y de repensar el diseño para adaptarlo a la realidad de los modelos de negocios del siglo XXI.

En la declaración, las organizaciones proponen las siguientes medidas:

  • No dar por concluido el modelo de tributación de grandes corporaciones. Para poder elevar el mínimo global del 15% al 25% y no poner trabas a la posibilidad de aplicar medidas nacionales frente a los gigantes tecnológicos, es necesario apoyar un Convenio Tributario dentro del marco de las Naciones Unidas que permita profundizar reformas que busquen una mayor equidad en el diseño final del sistema tributario global, para detener de manera efectiva la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de beneficios.
  • Abordar una tributación de la riqueza tanto con impuestos de solidaridad como recurrentes, que frene la híper concentración de la riqueza y los beneficios extraordinarios y desproporcionados de algunos sectores.
  • Enfrentar el secreto financiero a través de la implementación de un Registro Global de Activos que vincule todos los activos con las personas que realmente controlan la riqueza (propietarios efectivos). Impulsar estas medidas a través de una posición común de Latinoamérica y el Caribe es clave para transitar hacia una economía basada en los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la justicia fiscal para reducir la pobreza y las desigualdades.

Participaron de la declaración conjunta: la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Oxfam.