La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” (Ley 5272) se propuso en Guatemala para elevar las penas por interrupción del embarazo, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza sobre diversidad sexual en instituciones públicas y privadas para niñas, niños y adolescentes. El 8 de marzo de 2022, se aprobó la ley, pero tras la movilización de la sociedad civil, tres días después, el presidente, Alejandro Giammattei, la mandó archivar. El mandatario argumentó que se incumplían tratados internacionales de los que el país forma parte, como lo es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), además de violaciones a la Constitución Política de Guatemala.

La organización Visibles se sumó a la movilización de asociaciones estudiantiles y desarrolló material de campaña respondiendo a la coyuntura política. Además, sumando a la contra-narrativa, produjeron la campaña Vidas Trans y la estrategia Somos Familia, que ponen los reflectores en valores como el respeto y promoción de la diversidad, buscando sensibilizar a una parte más amplia de la población del país. Esta campaña integral resalta que el ejercicio democrático se conforma por la comprensión de distintos puntos de vista y, además, que esto debe empezar desde casa. Lo anterior se sustenta además en los resultados que presentó el estudio Realidades compartidas donde la organización identificó que en distintos entornos –el familiar, educativo, salud, laboral, interpersonal y espacios públicos e institucionales– un 45% de personas bisexuales, seguido por 34% de hombres gays, 33% de personas pansexuales y 18% de mujeres lesbianas afirmaron haber sufrido algún tipo de discriminación durante los últimos 12 meses.

Posicionar la narrativa en favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y de las mujeres ha sido uno de los caminos para generar incidencia en el contexto actual que atraviesa Guatemala. Los siguientes pasos tienen diferentes líneas estratégicas por seguir, y desde las organizaciones de la sociedad civil se siguen ampliando las redes de acción a nivel local que a largo plazo tienen como objetivo generar un impacto a nivel nacional.

Tanto las organizaciones como los movimientos defensores de los derechos LGBTIQ+ y de las mujeres han co-construido y fortalecido redes comunitarias, a través de las cuales articulan nuevas rutas de consenso y participación política. Su trabajo muestra que, frente al discurso legislativo, dominado por años por una agenda anti-género y anti-diversidad, que reflejan una crisis democrática y de representación, la sociedad civil organizada sigue trabajando y luchando porque sus voces sean escuchadas y porque sus derechos sean respetados.

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