En Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares. Sin embargo, ellos producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Mientras tanto, el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en el país. Estos datos son del informe “Derechos Humanos y la relevancia de los derechos a la tierra y territorio en Argentina”, elaborado por las organizaciones miembro de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina.
“La alta concentración de la tierra, el uso extractivista de la misma, la predominancia de los monocultivos y el uso de agrotóxicos para garantizar el modelo agroexportador generan graves impactos ecológicos, aumentan los conflictos y amenazas sobre los pequeños agricultores familiares (comunidades campesinas e indígenas), agudizando las desigualdades y poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Situaciones que atentan contra los derechos humanos y contradice pactos internacionales recientes como la Declaración de los Derechos Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) que buscó poner un freno al proceso de privatización, tanto de las tierras como de las semillas, e impulsar la soberanía alimentaria y reforma agraria para facilitar el acceso equitativo a la tierra y su función social, evitando la concentración”, expresa el informe.
Argentina es uno de los países de la región –junto con Brasil- más afectados por el acaparamiento de tierras: más del 5,23 % de las tierras de Argentina está en manos de extranjeros, lo que representa 14,7 millones de hectáreas. Las organizaciones consideran que es urgente anular el Decreto 829/2016 que va en contra de la Ley de Tierras.
Según los datos obtenidos por el Índice Global de la Gobernanza de la Tierra – LANDEX para Argentina, la deforestación ilegal persiste. Si bien con la Ley de Bosques Nativos se dio una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, en 2018 el 50% de la pérdida de bosques nativos tuvo como principal causa prácticas ilegales debido a bajos niveles de control, fiscalización y sanciones insuficientes. Y al mismo tiempo, en los últimos tres años el presupuesto nacional asignado a la Ley de Bosques Nativos disminuyó significativamente.