En un informe al Consejo de Derechos Humanos, Pedro Arrojo-Agudo elogió los sistemas de agua ancestrales de los pueblos indígenas, pero expresó su profunda preocupación por la rápida disminución del acceso que estos tienen al agua potable y al saneamiento, dada la creciente presión sobre los recursos naturales en sus territorios.
Arrojo-Agudo es el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, nombrado en septiembre de 2020. Es catedrático emérito de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza y, anteriormente, fue diputado electo en el Parlamento español durante su undécima y duodécima legislatura, de 2016 a 2019.
“Los pueblos indígenas han sido capaces de preservar sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas ancestrales, hoy ejemplares frente a la crisis mundial del agua, tanto en términos de gestión sostenible como de gobernanza democrática del agua potable y el saneamiento”, destacó Arrojo-Agudo.
También, señaló que, bajo argumentos de soberanía nacional sobre los recursos naturales y el agua, o manipulando el llamado interés general, “a menudo se descuida el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado”.
El experto independiente de la ONU observó cómo las consecuencias de la minería (que acapara tierras y agua), la construcción de presas hidroeléctricas y los grandes desarrollos turísticos afectan negativamente a los derechos humanos de los pueblos indígenas al agua potable y al saneamiento, contaminando sus recursos hídricos con tóxicos, afectando a sus medios de vida, causando problemas de salud, desalojos forzosos y desplazamientos.
Arrojo-Agudo dijo al Consejo de Derechos Humanos que los Estados deben reconocer a los pueblos indígenas en sus países y garantizarles el control de sus recursos hídricos para que se cumplan sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Las mujeres indígenas han desempeñado tradicionalmente el papel de cuidadoras del agua, a veces asociado a ritos y prácticas espirituales. Sin embargo, a pesar de que son las encargadas de acarrear el agua para el consumo, el uso doméstico y el saneamiento, a menudo no se las tiene en cuenta en la toma de decisiones.
Preocupa al Relator Especial el planteamiento según el cual el agua es un bien económico. En su opinión, el agua no debe parcelarse ni ser objeto de apropiación como recurso que se extrae de la naturaleza. En cambio, el Relator Especial aboga por pasar gradualmente de un enfoque basado en los recursos hídricos a un nuevo paradigma centrado en un enfoque de la gestión del agua basado en los ecosistemas que promueva la sostenibilidad del ciclo del agua. La visión integrada de los pueblos indígenas sobre el agua, los ríos, los manantiales y los humedales está en consonancia con este enfoque ecosistémico y la consideración del agua como un bien común.
Después de siglos de cuidar sus ríos, humedales, lagos y manantiales y de gestionar el agua como un bien común, los pueblos indígenas llevan décadas oponiéndose activamente a la mercantilización y privatización del agua. Siguiendo el enfoque de los pueblos indígenas dentro del complejo entorno actual en el que el agua es necesaria para múltiples usos, la gestión sostenible del agua requiere una planificación y gestión a nivel de cuenca, que, en muchos casos, se extiende más allá de las fronteras de los territorios de muchos pueblos indígenas. En este sentido, la calidad y el caudal de todos los ríos de los territorios de los pueblos indígenas dependen de cómo se gestionen, tanto aguas arriba como aguas abajo, también más allá de los límites territoriales.
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