Según revela una nueva investigación de Oxfam y Development Finance International (DFI), tanto los países de renta alta, como los de renta baja han alimentado una explosión de desigualdad económica desde la irrupción de la pandemia en 2020. La inmensa mayoría de Gobiernos recortó su gasto en salud, educación y protección social, negándose a subir los impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza.

El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad 2022 (Índice CRI) constituye el primer análisis detallado sobre las políticas y las medidas destinadas a acabar con las desigualdades que 161 países podrían haber aplicado durante los dos primeros años de la pandemia. El índice muestra cómo la mitad de los países de renta baja y media baja recortó su gasto en salud, a pesar de haber experimentado la mayor crisis de salud pública del último siglo. La mitad de los países (77) recortó también su gasto en protección social, y el 70 % redujo el presupuesto destinado a la educación.

A pesar del aumento sin precedentes de la pobreza y de que, las y los trabajadores se enfrentan a un alza del precio de los alimentos y la energía no vistos en décadas, dos tercios de los países no equipararon su salario mínimo al crecimiento económico. Pese a la enorme presión sobre sus finanzas públicas, 143 de 161 países congelaron los impuestos aplicables a su población más rica, y 11 países incluso llegaron a rebajarlos.

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, revela que el índice muestra que la mayoría de los Gobiernos ha fracasado a la hora de tomar las medidas necesarias para contrarrestar la explosión de desigualdades generada por la pandemia de COVID-19. Explica que muchos han suprimido servicios públicos cuando más se necesitaban y, en cambio, han permitido que los milmillonarios y las grandes empresas acumulen beneficios récord y destaca que afortunadamente, hay ejemplos de Gobiernos decididos, desde el Caribe hasta Asia, que no han seguido esta tendencia y han tomado firmes medidas para controlar las desigualdades.

De acuerdo al Índice, algunos países de renta baja y media han tomado importantes medidas para reducir las desigualdades.  América Latina y el Caribe se destaca por las acciones adoptadas por algunos gobiernos que optaron por una política de tributación más progresiva:

  • Costa Rica ha aumentado en 10 puntos porcentuales su tipo marginal en el impuesto sobre la renta personal.
  • Argentina aplicó un impuesto único a la riqueza para cubrir los gastos del COVID-19 con tasas progresivas de 2% al 5,25% en 2020. En 2021 introdujo un sistema de tributación progresivo a las empresas, donde las pequeñas contribuyen con 25%; mientras las mayores pagan 35%. En 2022 ha propuesto un impuesto a la sobreganancias empresariales.
  • Bolivia introdujo un impuesto permanente y progresivo de 1.4 a 2.4% a la riqueza superior a los 4 millones y anunció el reembolso del 5% del IVA para los ciudadanos más pobres a fines del 2020.
  • Chile ha propuesto una reforma tributaria para aumentar el tipo marginal del impuesto de renta personal a 43%. Asimismo, propuso incrementar la tributación de ganancias de capital para equiparar con el impuesto a renta, introducir un impuesto progresivo a las grandes fortunas, y ampliar los royalties a las empresas extractoras de cobre.

Sin embargo, solo el 25% de los países de América Latina y Caribe (ALC) ha mejorado progresivamente su gasto social. En contraste, muchos ya están aplicando medidas de austeridad. La informalidad, derechos laborales precarios y salarios injustos continúan siendo el patrón en la región; únicamente el 33% de los países ha mejorado en el pilar laboral. “Existen alternativas a la austeridad para promover la recuperación económica. Esto implicaría que los países se comprometan con la reducción de desigualdades, adoptando políticas fiscales más progresivas y que sigan el ejemplo del 16 % de los países de ALC que han priorizado nuevos impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza. Lo que permitirá construir una ola de esperanza y oportunidades en la región” declara, a su vez, Grazielle Custódio David, coordinadora regional de justicia económica de Oxfam en ALC.

Sin embargo, a pesar de los precedentes históricos, prácticamente ningún país decidió aumentar la imposición fiscal a las personas más ricas, ni aplicar impuestos a los beneficios corporativos extraordinarios durante la crisis de COVID-19. En momentos críticos, como la epidemia de gripe de 1918, la depresión económica de 1930, y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países ricos subió los impuestos a los más ricos e introdujo impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas, utilizando el dinero recaudado para invertir en sistemas de educación, salud y protección social.

Más información acá: https://lac.oxfam.org/publicaciones-noticias/un-nuevo-%C3%ADndice-muestra-c%C3%B3mo-los-gobiernos-de-todo-el-mundo-han-alimentado