En El Salvador se habla de la posible sanción de un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros que obligaría a las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento externo a inscribirse en un registro, canalizar los flujos de fondos a través de instituciones financieras supervisadas y pagar un impuesto del 40%. Con esta ley, El Salvador podría sumarse a la lista de países de la región en el que las organizaciones de la sociedad civil son consideradas legalmente como “agentes extranjeros”.
Civic Space Guardian es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. Desde la plataforma se analiza la perspectiva de la sociedad civil sobre el proyecto de ley.
“La ley afecta a las Organizaciones de la Sociedad Civil porque faculta al Registro de Agentes Extranjeros a denegar la inscripción, solicitar la ampliación de información y fiscalizar sus actividades. Segundo, porque las obliga a canalizar sus flujos de dinero de origen externo a través de instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y, además, deben declarar ante el Registro el destino de esos fondos. Tercero, su actividad se verá afectada por la ambigüedad de la definición de las actividades prohibidas: las que tengan por objetivo alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”, las que no hayan sido previamente declaradas ante el Registro y las que oculten que su implementación, dirección y financiamiento se realiza total o parcialmente en nombre de un mandante extranjero. Cuarto, porque grava a toda transacción financiera, desembolso o transferencia de origen extranjero con un impuesto del 40% que, además de ser confiscatorio, compromete la estabilidad económica y sustentabilidad de las organizaciones. Quinto, porque ante incumplimientos las organizaciones están expuestas a una doble sanción: la multa y la pérdida de la personalidad jurídica”, expresan desde Directorio Legislativo.
Para el presidente Nayib Bukele, la iniciativa no hace más que replicar el modelo de la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act) de los Estados Unidos de 1938. El Salvador está siguiendo un camino que en el último año inauguraron otros dos países de la región: Nicaragua y Venezuela.
Tanto en El Salvador como a nivel internacional se multiplicaron los comunicados de preocupación y los pedidos de desestimación del proyecto de ley. Desde la sociedad civil local se acusó al gobierno mediante un comunicado de prensa de querer “castigar supuestas actividades de las organizaciones civiles que afecten la “seguridad”, la “soberanía nacional” o la “estabilidad política”, conceptos indeterminados que servirán de justificación para cargas impositivas desproporcionadas, cierre de organizaciones no gubernamentales y hasta cárcel contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas independientes.
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