Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es probable que la actual desaceleración económica mundial obligue a más trabajadores a aceptar empleos de menor calidad, mal pagados y carentes de seguridad laboral y protección social, acentuando así las desigualdades exacerbadas por la crisis de la COVID-19.

En el informe de la OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2023 se prevé asimismo que el empleo a escala mundial registre únicamente un aumento del uno por ciento en 2023, menos de la mitad del aumento registrado en 2022. Se prevé asimismo que el desempleo a escala mundial aumente levemente en 2023, en unos 3 millones, hasta alcanzar 208 millones de desempleados (valor equiparable a una tasa de desempleo mundial del 5,8 por ciento). Ese moderado aumento previsto obedece en gran medida a la escasa oferta de trabajo en los países de altos ingresos. Ello invertiría la tendencia a la baja del desempleo mundial registrada de 2020 a 2022. En consecuencia, a escala mundial seguirá habiendo 16 millones de personas desempleadas más que en período de referencia previo a la crisis (valor con respecto a 2019).

En el informe también se señala que, además del desempleo, “la calidad del empleo sigue constituyendo una de las principales inquietudes”, y que “el trabajo decente es primordial para facilitar la justicia social”. La crisis de la COVID-19 mermó los avances logrados a lo largo de un decenio para disminuir la pobreza. Pese a la leve recuperación registrada en 2021, cabe esperar que la compleja situación actual para encontrar empleo de mejor calidad se vea agravada, según se desprende de los resultados del estudio.

A raíz de la actual coyuntura de desaceleración, muchos trabajadores se verán obligados a aceptar empleos de peor calidad, con frecuencia insuficientemente remunerados, y, en ocasiones, sin contar con las horas de trabajo necesarias. Por otro lado, habida cuenta de que los precios aumentan a un ritmo más rápido que los ingresos nominales por trabajo, la crisis asociada al coste de la vida podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. Esto se suma a la amplia caída de ingresos registrada durante la crisis de COVID-19, que en muchos países afectó en mayor medida a los grupos de bajos ingresos.