Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. Los datos se desprenden de la investigación “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que la trabajan”, desarrollada por LatFem y We Effect.
Al profundizar sobre la forma en que las mujeres rurales, campesinas, indígenas, originarias y afrodescendientes acceden a la tierra, los resultados de la investigación muestran que, mayoritariamente, lo hacen a través de la herencia de parcelas para la producción y, en menor medida, por préstamos o alquiler. Es decir que solo pueden acceder a la titularidad de la tierra en caso de quedar viudas o huérfanas.
El 57% de las mujeres rurales consultadas en el estudio produce alimentos para consumo familiar, mientras que un 36% produce, además, para la venta. Ante un escenario donde la falta de acceso a la titularidad de la tierra es clave para garantizar una producción de alimentos sana, ecológicamente sustentable y económicamente sostenible en el tiempo, un 68% de las mujeres encuestadas considera que no son tomadas en cuenta como destinatarias de políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación ni el acceso a la tierra.
Además, el 57% de las mujeres rurales consultadas para esta investigación tuvo dificultades en el acceso a alimentos como consecuencia de la crisis sanitaria durante la pandemia de COVID-19, y lo resolvieron por su cuenta o junto a su comunidad, lo que muestra la importancia que tienen las redes de cooperación y solidaridad que se crean en las comunidades campesinas. Solo el 7% de ellas acudió a autoridades locales o nacionales para solicitar apoyo y un 17% aún no pudo resolver la falta de alimentos.
Global Witness señala a la región latinoamericana como la más peligrosa para las defensoras de la tierra, los territorios y los bienes comunes. Del total de las encuestas realizadas para esta investigación en Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, un 58% aseguró no haber denunciado los hostigamientos y amenazas sufridas y el 83% de quienes realizaron denuncias manifestó sentir que esto no fue tomado en cuenta en su país. El 30% dijo haber sufrido violencias o amenazas por su rol en la comunidad. Entre quienes sufrieron actos de violencia o amenazas, el 50% percibió “diferencias” en el tipo de violencia “por ser mujer”.
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