Según estimaciones de la CEPAL, para impulsar la transición hídrica justa y sostenible, universalizando la cobertura de agua y saneamiento manejados de forma segura, se requiere un impulso inversor público y privado equivalente al 1,3% del PIB regional durante 10 años. “Esto generaría 3,6 millones de empleos verdes y los correspondientes nuevos ingresos familiares, constituyéndose así en un eje de recuperación transformadora de la economía de los países, reduciendo contaminantes y aumentando la resiliencia ante el cambio climático y amenazas sanitarias tales como la pandemia. Es un esfuerzo importante, pero no imposible”, dice José Manuel Salazar-Xirinachs, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Si bien el agua es reconocida como un derecho humano desde 2010, en América Latina y el Caribe una gran parte de la población aún carece de servicios de agua y saneamiento manejados de forma segura. Salazar-Xirinachs precisa que el 25% de las personas no cuenta con acceso a agua potable (161 millones de personas), mientras que el 66% de la población de la región (431 millones de personas) no tiene acceso a servicios de saneamiento manejados de manera segura.
“El quintil más vulnerable sufre más esta situación, con un 25% menos de acceso a estos servicios. Además, y debido a la regresividad de los sistemas tarifarios de agua, este quintil de mayores necesidades puede pagar hasta el doble, proporcionalmente, que el quintil más rico”, alerta.
Salazar-Xirinachs precisa que, en las últimas tres décadas, los desastres asociados al agua representaron el 88% del total de los eventos ocurridos en la región, con un impacto muy alto. Subraya que, del ciclo natural del agua, de sus flujos en cantidad y calidad suficientes, dependen tanto la vida humana, como las dinámicas y la integridad ecosistémica que alimentan gran parte de las actividades económicas fundamentales para el desarrollo sostenible.