Este año la ITUC-CSI (International Trade Union Confederation – Confederación Sindical Internacional) publicó la décima edición del Índice Global de los Derechos. Se trata de un informe que revisa exhaustivamente las condiciones laborales de las personas trabajadoras en 149 países.
Los resultados de 2023 dejan sobre la mesa una serie de situaciones preocupantes, ya que, al contrario de lo esperado, la precariedad, la explotación y la represión van en aumento, al igual que la crisis del coste de vida. De acuerdo con el informe, mientras las y los obreros exigen un salario que les permita subsistir ante la inflación de los precios, los gobiernos y las empresas se han aliado para castigar el derecho a la manifestación.
La ITUC-CSI señala que el 87 por ciento de los países han vulnerado los derechos a la huelga. Y, cuando las personas obreras intentaron recurrir a estructuras representativas para hacer valer sus quejas, 8 de cada 10 países quebrantaron su libertad a la negociación colectiva.
En la mayoría de las regiones las empresas se niegan a cumplir con los convenios y no permiten la creación de sindicatos. Y, mientras las compañías hacen caso omiso de las buenas prácticas, los gobiernos dejan en la desprotección a las y los trabajadores para cuidar sus intereses económicos.
Cuando las y los obreros se organizan para buscar la mejora de su ecosistema laboral, se encuentran con una serie de medidas represivas, e incluso deben enfrentarse al uso de la fuerza del estado. En 69 países se efectuaron arrestos a dirigentes sindicales, y en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Guatemala, Perú y Sierra Leona se han asesinado sindicalistas y trabajadores con tal de silenciar sus exigencias.
El informe aclara que, en este ámbito, los peores países son: Bangladesh, Belarús, Ecuador, Egipto, Esuatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar, Túnez y Turquía. De todos los encuestados, los únicos tres países que mejoraron sus condiciones son: Australia, Chile y Costa de Marfil.
“La organización colectiva de las y los trabajadores, sea mediante sindicatos u otras estrategias, es efectiva para mejorar sus condiciones laborales. La libertad de asociación y la negociación colectiva son parte también del ejercicio democrático y por ello es central proteger estos derechos”, señala Patricia Carmona, referente de Iniciativa Arropa, una plataforma que busca fortalecer el ecosistema de defensa de derechos laborales con el fin de incidir en los marcos normativos y en las prácticas empresariales de la industria de la indumentaria en México.
“Desde la Iniciativa Arropa se apunta de distintas maneras a mejorar este panorama en México: capacitando y asesorando a trabajadoras, organizando grupos para la defensa colectiva de los derechos laborales y facilitando procesos de incidencia que tienen como objetivo proteger el trabajo digno en el país”, agrega Carmona.
Para leer el informe completo hace clic aquí.