La propiedad corporativa, entendida como el conjunto de derechos a voto y económicos de los accionistas, define cómo el poder y el dinero operan en las empresas: quién toma la decisiones y quién se beneficia de éstas. En el esquema tradicional, dinero y poder forman un conjunto inseparable, donde automáticamente es el interés financiero de los accionistas lo que prima. Rediseñar esta relación es fundamental para encaminarnos hacia una economía regenerativa. 

La propiedad responsable o steward-ownership es una alternativa a la propiedad convencional, que pone en el centro al propósito, la independencia y la colaboración. Es así como, separando el poder del incentivo financiero, es decir los derechos a voto de los económicos, se pueden generar organizaciones que pertenecen a sí mismas, prosperan y generan un impacto positivo en su entorno. 

Al redefinir de esta forma el “sistema operativo” de las empresas, el lucro deja de ser el fin y se convierte en un medio para lograr el propósito de largo plazo de la organización. Las utilidades remuneran a los inversionistas con un retorno legítimo, pero principalmente se reinvierten en el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad de la compañía, en mejorar las condiciones de sus trabajadores y otros grupos de interés, e incluso se donan.

El primer desafío de este modelo es cultural. “La propiedad corporativa se entiende más como dominio sobre una “cosa” de la cual podemos disponer libremente y enriquecernos, que cómo responsabilidad hacia la organización y las distintas partes (stakeholders) que la conforman o sobre la cual impacta. Hay poca apertura a estructuras alternativas de propiedad y una tendencia a polarizar la conversación sobre la misma. Nuestro rol, como Purpose, es dar a conocer el modelo de propiedad responsable, de manera  que se convierta en una alternativa simple, robusta y viable”, explica Anna Bonan, cofundadora de Purpose LatAm, una organización sin fines de lucro que promueve y apoya a las empresas en la transición a modelos de steward ownership. 

Según la referente, el segundo desafío es la implementación jurídica. “Las herramientas legales a disposición siguen la lógica bajo la cual el dinero compra el poder y las empresas existen para maximizar el valor de los accionistas. Con lo anterior, la principal consecuencia de los desafíos expuestos previamente, es la falta de inversiones para estas empresas pioneras”, agrega.

Esta forma de hacer empresa nació hace más de 100 años con compañías pioneras como Bosch, Zeiss y Novo Nordisk, para abordar el problema de la sucesión de sus fundadores, quienes buscaban cuidar los valores de la organización en el tiempo. De esa forma, el control de la empresa, es decir los derechos a voto, no se vende ni se hereda, si no que queda a cargo de “custodios” (stewards) comprometidos con su razón de ser y capaces de llevarla adelante con mirada de largo plazo. 

Un siglo más tarde, cada vez más empresas alrededor del mundo implementan este concepto con innovadoras estructuras de propiedad, gobernanza y financiamiento. El caso más reciente es la compañía de ropa outdoor Patagonia, la que se suma a otras empresas activistas de la nueva economía, como el motor de búsqueda Ecosia, el líder de productos orgánicos Organically Grown Company y en Latinoamérica  la Banca Ética, entre otras.

“En la región se puede implementar con estructuras híbridas que involucran empresas y fundaciones/organizaciones sin fines de lucro (siempre asegurando una robusta gobernanza y transparencia de ellas) y aplicando una separación entre derechos económicos y de voto”, dice Bonan.

En el caso de Banca Ética, simplificando, se implementa de la siguiente forma: La Fundación Dinero y Conciencia es propietaria del 100% de los derechos a voto de la iniciativa. Ella actúa cómo guardián del propósito de la organización y a la vez resguarda por la efectiva administración de los objetivos financieros del Banco y la remuneración de los inversionistas. A los inversionistas se les entregan los derechos económicos.