Honduras es el cuarto país que reporta el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y ambiente en 2022, antecedido por Colombia, Brasil y México, sin embargo, con 14 asesinatos el país centroamericano registra el mayor número per cápita del mundo, según el reporte anual de Global Witness.
El 16 de septiembre, la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (Asonog) emitió una alerta nacional e internacional para repudiar el atentado que sufrió en su propio hogar el reconocido ambientalista Ramiro Lara. Sujetos armados llegaron a la habitación de Lara y dispararon contra su casa, donde estaba con su familia.
Ramiro Lara es un luchador en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la promoción de la justicia y el impulso del desarrollo sostenible.
En la madrugada del 19 de septiembre, al menos cuatro hombres desconocidos, armados, ingresaron a la comunidad de Vallecito, Colón. Allí, atacaron a Miriam Miranda, coordinadora general de Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). La organización denunció en sus redes sociales el atentado contra la privacidad de la defensora del territorio. El atentado contra la lideresa se produce mientras el Comité Técnico del Mecanismo de Protección se halla de visita en esta zona del país.
La acción puso en peligro la integridad de Miranda, quien ha liderado frecuentes protestas contra las injusticias que siguen afectando al pueblo garífuna. “El hostigamiento y violencia hacia defensoras de la madre Tierra en Honduras continúa siendo un enorme reto ante la inexistentencia de un Estado de Derecho y la continuidad del Estado fallido”, expresan desde Ofraneh, organización de base que trabaja con más de 47 comunidades Garífunas en Honduras.
“En Honduras, un país vulnerable en la defensa de los derechos humanos por más de dos décadas, cada día se agudiza la criminalización, los atentados y asesinatos contra quienes defienden la vida, el territorio y el medio ambiente. A pesar de que estamos en un estado de excepción desde hace un año, no se mira que políticas de seguridad sean eficaces en pro de los defensores y defensoras. Para las organizaciones sociales cada día es un reto defender los derechos humanos por la impunidad que existe en el país”, señala Jerson Muñoz, coordinador del proyecto Voces Migrantes para el Cambio en Honduras.