Un grupo de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, quilombolas y urbanas precarizadas, defensoras del ambiente y del territorio se reunieron para realizar una campaña para luchar contra los megaproyectos del extractivismo y los efectos de la crisis climática, impulsando prácticas de cuidado de la tierra, el territorio y los bienes comunes, y una vida libre de violencias y enfocada en el buen vivir. Ellas integran comunidades, movimientos, organizaciones y redes de diferentes países de América Latina: México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.
El grupo se formó luego de la formación virtual en la “Escuela Feminista de Acción Climática EFAC”, coordinada por Fundación Plurales, y en la “Escuelita por la Justicia Climática Feminista”, coordinada por el Colectivo CASA y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Tras la formación de dos años, se encontraron presencialmente para intercambiar experiencias, compartir la diversidad de estrategias que las mujeres han construido en la defensa del ambiente y los territorios a nivel local y regional, así como plantear nuevas estrategias de lucha e incidencia transfronteriza.
“El contexto social, político y económico de nuestros territorios es alarmante y violento, no solo por los severos efectos de la crisis climática, sino también por el modelo de desarrollo económico hegemónico: capitalista, patriarcal y colonialista. El avance de los megaproyectos extractivistas, la implementación de políticas neoliberales y la presión de grupos anti-derechos afectan a nuestros pueblos y comunidades, pero principalmente a mujeres, jóvenes y niñeces”, expresan.
Como movimiento ambiental y feminista, quieren generar un cambio sistémico, donde la cosmovisión del buen vivir, la protección de los cuerpos/territorios y el rol fundamental de las mujeres, sean los pilares de esta nueva cosmovisión del cuidado.
Desde el movimiento denuncian: el despojo y desalojo de los territorios por los megaproyectos extractivos y otras actividades de explotación de los bienes naturales como la deforestación, contaminación minera, los avances de la frontera agropecuaria, la extracción hidrocarburífera, entre otros; ell nulo o escaso acceso a derechos a la tierra, el territorio, bienes comunes y naturales, educación, salud, vivienda, seguridad y soberanía alimentaria; la criminalización de la protesta social e invisibilización de la violencia ambiental ejercida particularmente hacia las defensoras de derechos humanos y ambientales; las consecuencias de la crisis climática (sequías, inundaciones, incendios, etc) y sus efectos diferenciados sobre las comunidades de zonas rurales, montañosas y costeras; la promoción e implementación de falsas “soluciones verdes” que no constituyen herramientas reales de transformación sostenible para el medio ambiente; la falta de políticas e iniciativas de reparación y restauración ambiental. El norte global no se hace cargo del daño ambiental que históricamente ha generado, siendo las comunidades del sur global quiénes pagan y hacen frente a las consecuencias ambientales.
Desde el movimiento proponen: activar voces que ayuden a visibilizar prácticas que lleven adelante en los territorios; multiplicar las acciones de resiliencia y cambio sistémico que realizan las defensoras en los territorios; exigir monitoreos ambientales comunitarios, donde las defensoras tengan un rol activo en la gobernanza de los territorios; promover incentivos de protección de ríos y ecosistemas; exigir a los gobiernos la ratificación del Acuerdo de Escazú.
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