La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) firmaron un plan de trabajo conjunto por dos años para acelerar los avances en igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe.
Las mujeres rurales enfrentan múltiples obstáculos para tener independencia y estabilidad económica. En las crisis, las mujeres rurales se ven más afectadas por el escaso acceso a recursos, servicios e información; la pesada carga de tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, así como normas sociales tradicionales discriminatorias.
A nivel mundial, las mujeres rurales representan un tercio de la población y el 43% de la mano de obra agrícola. Según la FAO, más del 20% del empleo agrícola en América Latina y el Caribe corresponde a mujeres.
En América Latina, las mujeres dedican el triple del tiempo al trabajo doméstico y los cuidados no remunerados en comparación al tiempo que le dedican los hombres. Además, existe una brecha importante entre las mujeres en áreas urbanas y rurales, pues estas últimas dedican de 3 a 10 horas más que las de zonas urbanas.
El plan de acción propuesto por estas tres agencias del Sistema de Naciones Unidas se estructura en torno a dos áreas. La primera es la incidencia política y normativa de alto nivel para la aceleración de la reducción de la brecha de género en el acceso a los recursos productivos (tierra, agua, pesca) para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre Cero) y el 5 (Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres).
La segunda prioridad será impulsar la cobertura rural de los servicios de cuidados, salud sexual y reproductiva y violencia basada en género en la región y la producción de datos e información sobre las mujeres rurales en el marco de los sistemas agroalimentarios, incorporando datos sobre su autonomía física, económica y de toma de decisiones.
El trabajo conjunto será desarrollado con un enfoque interseccional, priorizando pueblos indígenas y afrodescendientes, factores etarios y de movilidad humana, así como la movilización de recursos necesaria para hacer factibles las acciones conjuntas en los territorios y comunidades.