El 28 de septiembre, Ecuador oficializó la implementación de la Política Urbana Nacional (PUN) con una visión orientada al año 2036. El objetivo de la política es atender a todas las familias ecuatorianas que carecen de una vivienda propia y también a quienes, teniéndola, viven en condiciones precarias e inseguras.
“La Política Urbana Nacional busca garantizar el derecho a un hábitat seguro y saludable, el derecho a la vivienda adecuada y el derecho a la ciudad, a través de acciones integrales, coordinadas y participativas, que contribuyan a la construcción de ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de ente rector de hábitat y vivienda y en el marco de sus competencias, impulsa la implementación de la PUN para lo cual articulará acciones con los diversos actores involucrados”, explica Pedro Carrasco, gerente programático de Acceso a Agua y Ciudades Sostenible en Fundación Avina.
Fundación Avina ha sido parte de la construcción de PUN desde su inicio, participando activamente de los espacios de análisis y coordinación interinstitucional, apoyando procesos de síntesis y definición de próximos pasos, aportando ideas desde su experiencia nacional y regional. “Además, es importante mencionar que la participación de Avina ha estado sustentada en la Alianza para el Desarrollo Sustentable – ADUS, de la cual forman parte varias organizaciones como GIZ, FLACSO, FFLA, Fundación ESQUEL, Fundación FARO, entre otros. El aporte de ADUS es reconocido explícitamente dentro del texto de la política”, expresa Carrasco.
Para Carrasco, los principales desafíos fueron: alcanzar acuerdos entre los diferentes actores involucrados, garantizar un enfoque articulador e intersectorial en la política y contar con el apoyo y la visibilidad política de los gobiernos de turno.
En relación al impacto de la PUN, Carrasco señala: “La política es de reciente difusión, sin embargo podemos mencionar que a partir de ahora, Ecuador cuenta con una política pública de desarrollo urbano y vivienda, una política integral, sostenible, resiliente, con enfoque de derechos y con enfoque en cambio climático; y su implementación, representa una oportunidad para lograr ciudades y comunidades sostenibles, donde se garanticen los derechos y la calidad de vida de todos sus habitantes”.