Los dispositivos, productos y servicios digitales afectan varios aspectos de la vida moderna. Esa ubicuidad ha desencadenado ataques y amenazas digitales que van desde el acoso, el robo de identidad y las estafas hasta el spyware, el malware, el ransomware y los ataques de denegación de servicio. Las amenazas digitales traspasan fronteras, idiomas, plataformas y ámbitos periodísticos.  Global Investigative Journalism Network lanzó una guía para periodistas que investigan amenazas digitales, que incluye consejos, casos de estudio y herramientas para cubrir las últimas amenazas relacionadas a la desinformación, el malware, el spyware y el troleo.

“En términos generales, el ransomware y el phishing son las amenazas más notorias. Y si consideramos amenazas como el acoso en línea, sabemos que, según pew research, en EEUU arriba del 40% de ciudadanos ha sufrido acoso en línea y el 25% ha sufrido acoso severo. En muchos países desarrollados las estadísticas son similares. También sabemos que Twitter es la plataforma con mayor nivel de toxicidad, seguido de Facebook y TikTok. Aún faltan datos de países en vías de desarrollo por parte de las grandes empresas de tecnología, para no depender directamente de encuestas”, expresa Luis Assardo, uno de los entrenadores de GIJN.

De acuerdo a las empresas de ciberseguridad los ataques aumentaron 600% en América Latina. “Hemos pasado de los ataques  de denegación de servicio “Direct Denial of Service ” (DDoS) al ransomware, que es la industria criminal de mayor crecimiento (y más lucrativa) en la región. Los ataques actuales afectan no solo a empresas y organizaciones, sino a personas individuales que terminan pagando grandes cantidades de dinero por tener de vuelta sus datos”, dice Assardo.

Para el especialista, a pesar de que el marco regulatorio puede ser de mucha utilidad, también abre las puertas a abusos por parte de las autoridades. “Por ello los enfoques globales para reducir el impacto de estas amenazas son la educación y aumentar las capacidades de defensa. Campañas educativas que permitan a la ciudadanía aprender a protegerse y prevenir ataques de la ciberdelincuencia. Y aumentar la cantidad de recursos, herramientas y fondos para proteger a los usuarios. En el caso de organizaciones pequeñas establecer mecanismos de cooperación para acceder a recursos específicos de protección y seguridad digital”, explica Assardo.