Polaris, Fundación Avina a través del Proyecto PERIPLO, y el Institute for Human Rights and Business (IHRB) hacen un llamado a las autoridades y al sector agrícola a actuar para proteger a las personas trabajadoras migrantes agrícolas a través del impulso de políticas públicas para garantizar un trabajo digno que respete plenamente sus derechos.

Las personas trabajadoras que siembran, cosechan, procesan y empacan alimentos en la parte inferior de las cadenas de suministro agrícola son consideradas personas trabajadoras esenciales para el mantenimiento de la vida, como se pudo constatar en la pandemia COVID19, e imprescindibles para el éxito económico del sector agrícola. Muestra de ello es que, en 2022, México tuvo un récord de 50.000 millones de dólares en exportaciones de alimentos, en particular de aguacate, moras o berries, y tomates (Consejo Nacional Agropecuario, 2023).

A pesar del éxito económico de las principales marcas del sector, y otros elementos clave para la economía de México como el crecimiento de las remesas, las empresas e instituciones gubernamentales aún tienen trabajo pendiente para asegurar que las prácticas y políticas incluyan un enfoque de derechos humanos. Este debe identificar los principales riesgos a través de procesos de debida diligencia, respetar los derechos de las personas trabajadoras y, en caso de abuso, reparar, e impulsar mecanismos de no repetición. En este contexto, la ausencia de sistemas de supervisión, sanción y protección efectivos por parte de las autoridades genera o amplifica la vulnerabilidad.

En marco del Diálogo sobre Trabajo Digno en el Sector Agrícola en México, las instancias convocantes y asistentes señalaron las principales preocupaciones sobre los pendientes y retos que actualmente tienen las empresas y autoridades, así como las necesidades de las personas trabajadoras migrantes agrícolas y las organizaciones que las acompañan. Algunos de estos retos y necesidades son:

  • Bajos salarios que no aseguran una vida digna para las personas trabajadoras migrantes agrícolas, por ejemplo, en estados como Guerrero y Oaxaca el ingreso puede ser de menos de mil pesos mensuales (ENOE, 2023).
  •  Falta de contrato, según datos recopilados por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras en 2020, apenas el 3 por ciento de la totalidad de las personas trabajadoras migrantes agrícolas contaba con un contrato.
  •  Falta de acceso a prestaciones sociales.
  •  Riesgo de trata de personas y trabajo forzoso.
  •  Riesgos a la salud por largas y extenuantes jornadas de trabajo, así como exposición a agrotóxicos en los campos agrícolas.
  •  Inseguridad en traslados.
  •  Riesgos por fraude en el reclutamiento, la contratación y el empleo, por ejemplo, el cobro de cuotas o costos por el reclutamiento.
  •  Falta de información pública y datos desagregados sobre la población trabajadora agrícola, así como de mecanismos que aseguren la transparencia en el sector agrícola.

Durante el evento se compartieron experiencias y buenas prácticas impulsadas por el sector privado, organizaciones civiles y personas trabajadoras. “La mayoría de los objetivos enfocados al trabajo digno no se han cumplido en su totalidad, lo que nos presenta un panorama preocupante para millones de trabajadores mexicanos que reclaman hoy más que nunca se respete su derecho a un trabajo digno. Seguiremos en el proceso de la lucha hasta lograr la dignidad laboral”, dice Leónides García Ramírez del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.

Ante este panorama, en el diálogo multiactor se identificaron las siguientes recomendaciones para el sector público y privado:

  •  Asegurar que todas las personas trabajadoras agrícolas cuenten con un contrato que puedan comprender y aceptar, así como con la información necesaria sobre las condiciones laborales, considerando las diversas lenguas y a las personas en condición de analfabetismo.
  •  Los empleadores deben comprometerse con políticas explícitas y con su implementación, además de cubrir los costos del reclutamiento de los trabajadores agrícolas.
  •  Impulsar un diálogo inclusivo sobre la modalidad de “pago por día de trabajo”, para asegurar modelos en los que no se vulnere el derecho a acceder a atención médica, vacaciones, pago de horas extras, aguinaldo, utilidades, días de incapacidad por enfermedad, entre otras prestaciones de ley.
  •  Garantizar todos los derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación motivada por la edad, el género, la nacionalidad, el origen étnico o social, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
  • Impulsar modelos de debida diligencia en derechos humanos que permitan transformaciones sostenibles en las prácticas de las empresas del sector.
  • Garantizar procesos de mecanismos de remediación.

Se subraya que cualquier política o acción dirigida a fortalecer el trabajo digno en el sector agrícola debe tomar en cuenta a las familias que viajan con las personas trabajadoras; es decir, se deben reconocer las necesidades de vivienda digna, educación y salud, con perspectiva intercultural y de género. Asimismo, estas políticas deben proteger a las personas migrantes desde su lugar de origen, considerando el traslado a su sitio de trabajo y el retorno seguro.