Con casi 1200 km de longitud, el río Beni es un importante río boliviano de la cuenca amazónica, el segundo en importancia fluvial. Tras recoger las aguas de numerosos afluentes, al unirse con el río Mamoré da lugar al nacimiento del río Madeira.

Hasta 2021, de las 180 embarcaciones dedicadas a la extracción de oro en el río Madre de Dios (afluente del río Beni), solo 14 trabajaban legalmente. La minería ilegal en el Rio Beni y sus afluentes genera consecuencias desastrosas para el medioambiente y para toda la población que vive en el entorno.

Palos Blancos – pequeña municipalidad en el departamento de La Paz- es considerada importante punto de entrada al Río Beni y tiene como política ser un municipio agroecológico, razón por la que su población y gobernantes rechazan el ingreso de cooperativas mineras auríferas en su territorio por su carácter extractivista.

En el contexto de Voces para la Acción Climática Justa (VAC), Avina generó un proceso de articulación entre LIDEMA y la Defensoría del Pueblo, lo que ha sido el germen para la conformación de una coalición multiactor de funcionarios municipales, Defensoría del Pueblo, dirigentes de base y organizaciones de la sociedad civil que lograron dejar sin efecto la resolución que permite a las cooperativas mineras auríferas operar en la zona.

“La decisión judicial es importante porque reconoce al río Beni como sujeto de derechos. Este es un precedente jurídico y político muy relevante porque se trata de un reconocimiento formal y explícito de los derechos de la Madre Tierra, abriendo un nuevo enfoque de conservación y ejercicio de derechos socioambientales. Al mismo tiempo, permite constituir un nuevo enfoque político y de resistencia al pensar en estrategias para frenar el extractivismo en territorios que rechazan actividades nocivas para la salud y el medio ambiente”, expresa Marko Carrasco, coordinador programático de Fundación Avina.