De acuerdo con Civic Space Guardian (CSG),  no hay espacio cívico fortalecido sin democracias fuertes. CSG es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear regulaciones y proyectos de ley con impacto en la libertad de expresión, de reunión, de asociación, el acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y la participación ciudadana en asuntos públicos. El monitoreo se realiza en 18 países de América Latina y el Caribe.

Desde el inicio de la tercera ola de democratización en América Latina, a principios de la década de los ochenta, la región no había mostrado indicadores tan preocupantes de recesión. Por primera vez en más de 20 años, el mundo tiene más regímenes autocráticos que democráticos, según V-Dem.

CSG, señala que los sistemas políticos y la institucionalidad democrática en América Latina vienen registrando el impacto de al menos tres factores contextuales — la pobreza, la corrupción y la inseguridad — que socavan la confianza en las instituciones y en los canales de representación tradicionales, al tiempo que aumentan la tolerancia social frente a políticas de corte más autoritario para hacer frente al crimen organizado.

El 2023 terminó con un saldo negativo, que en su mayor parte arrastra viejas deudas que los gobiernos y representantes no han logrado o intentado subsanar. Estas son las seis conclusiones de CSG:

1) Cuando la seguridad monopoliza la agenda pública

La libertad de reunión y el derecho a la protesta han quedado comprimidos por el combate a la violencia, por un lado, y el control de la conflictividad social, por el otro. Frente al agravamiento de los indicadores de criminalidad (particularmente en Sudamérica), la “bukelización” de la agenda pública se ha vuelto moneda corriente en la región.

Los gobiernos están normalizando el uso de resortes institucionales de excepción que terminan erosionando los espacios deliberativos de decisión y ahogando las voces críticas. Cuando la suspensión de derechos se presenta como una condición necesaria para atacar los temas urgentes de la agenda pública, la tolerancia social y la reducción del costo político se hacen presentes.

El Salvador y Honduras son, a esta altura, casos emblemáticos, junto a Perú y Ecuador. Sin embargo, el fenómeno es más amplio. Aún en países con espacios cívicos más abiertos los gobiernos están inclinándose hacia políticas más restrictivas en el control del orden público. El nuevo gobierno de Argentina marcó un antecedente preocupante con su nuevo protocolo para mantener el orden público y un proyecto de ley que, entre otras cosas, eleva las sanciones a quienes ejercen su derecho a la protesta.

2) Los avances tecnológicos y el control estatal

El uso de tecnologías para el control del crimen está creciendo en la región desde hace varios años. Sin embargo, en un contexto de debilitamiento de la institucionalidad democrática, la línea entre la prevención del crimen y el crecimiento de la capacidad de control por parte del Estado puede ser muy fina. En PanamáEl Salvador y México se abrió la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial para combatir la inseguridad mientras que los países de Centroamérica apuntan a poner en funcionamiento una plataforma de información compartida para 2024.

Nuevamente, aparece acá la tensión entre la necesidad de combatir la inseguridad y los riesgos tangibles para los derechos humanos: el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales o la libertad de expresión en el entorno digital. Un ejemplo reciente es el uso de tecnologías de reconocimiento facial en Argentina para la identificación de manifestantes y beneficiarios de subsidios sociales que participan en actos de protesta. En este contexto, las normas van a la zaga de los avances tecnológicos o pueden llegar a brindar el marco para legitimar acciones orientadas al control social. Aquí merecen especial atención las normas sobre ciberseguridad, monitoreo de redes sociales y control de noticias falsas (en Brasil está pendiente el debate de un proyecto de ley contra fake news).

3) El debilitamiento de los órganos de control

Otra tendencia preocupante es la neutralización de los mecanismos institucionales diseñados para garantizar el equilibrio entre poderes, prevenir y sancionar la corrupción, o los excesos en el uso del poder público. Esta situación no solo afecta la rendición de cuentas y el derecho a la información, sino que también limita los recursos institucionales que la ciudadanía tiene para elevar sus reclamos y exigir la protección de sus derechos.

El bloqueo de investigaciones judiciales, la intervención de la justicia por parte de los poderes ejecutivos y la parálisis de los órganos de control — que podemos ver en países como Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Venezuela e, inclusive, México con su Instituto para la Transparencia prácticamente inactivo — son solo algunos ejemplos de este fenómeno. La consecuencia, niveles de insatisfacción y falta de confianza en las instituciones de la democracia cada vez más altos. En Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia, superan el 80%, según los datos de la última edición de Latinobarómetro.

4) El silenciamiento del periodismo en América Latina

Crece la lista de países con “alta restricción” a la libertad de expresión y de prensa, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2023 de la SIP, con Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras a la cabeza. En Perú la SIP registró 352 agresiones a periodistas, la cifra más alta del siglo, y en Ecuador, 262. Este índice que mide el derecho a la información y la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, el control de medios y la violencia e impunidad, destaca que los poderes ejecutivos son quienes mayor influencia negativa han ejercido. Paraguay pasó de país con “baja restricción” a “en restricción”, por el deterioro de la libertad de prensa durante el periodo electoral y el asesinato de periodistas. En México, 10 periodistas fueron asesinados en 2023 y un aumento de agresiones ligadas al contexto electoral, de acuerdo a la organización Artículo 19. También recrudecieron los procesos de expropiación y persecución a medios en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

5) Cada vez más restricciones para el funcionamiento de OSC

El 2023 no mostró síntomas de mejora en cuanto al avance de las restricciones al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, cancelación de su personería jurídica y control financiero. Nicaragua es el caso más crítico con una “purga”que ya alcanzó a más de 4000 organizaciones, entre OSC, universidades, entidades religiosas entre otras. Como venimos observando, en un contexto de agravamiento de los indicadores de criminalidad transnacional, las OSC están quedando más expuestas a los controles impuestos por leyes de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, e inclusive las leyes de agentes extranjeros. En Venezuela, se reactivó el proyecto de Ley de ONGs, una iniciativa de larga data que otorgaría facultades ampliadas al Estado para el control de su financiamiento. Civicus reporta, en base a distintos informes, que la tercera parte de las organizaciones de la sociedad que operan en este país lo hacen de manera informal. En Paraguay avanza un proyecto de ley que, entre otras cosas, establece restricciones en la firma de acuerdos con ONGs extranjeras y acceso al financiamiento (ver aquí comunicado de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa).

6) La región más peligrosa para ser activista ambiental

Si bien la región marcó un hito en 2018 al reconocer el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú), los activistas siguen enfrentando graves riesgos asociados al tráfico de drogas y especies, minería ilegal, desplazamientos forzados y la expansión de la frontera agraria (Informe Mundial sobre Drogas 2023, ONU). En 2022, el 88% de los asesinatos de activistas ambientales a nivel global se produjeron en América Latina, de acuerdo a datos de Global Witness, uno cada dos días. Colombia y Brasil son los países con mayor cantidad de agresiones en la región.

Las restricciones al espacio cívico muestran que, más allá de sus particularidades locales, nos estamos enfrentando a problemáticas globales. En este estrecho corredor flanqueado por la violencia y el crecimiento del poder punitivo del Estado, se abren paso dificultosamente los y las activistas. Pavimentar ese sendero requerirá del compromiso de todos.