La corrupción en las Américas continúa debilitando la democracia y los derechos humanos. Este año, el continente americano tiene 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción.  De acuerdo con el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que divulga Transparencia Internacional, en los últimos 10 años, solo Guyana (puntuación IPC: 39) y Paraguay (30) han logrado mejoras significativas. El índice clasifica a 180 países según los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se dan en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy transparente).

En el mismo período de tiempo, tres de las democracias más sólidas de la región, Estados Unidos (67), Chile (67) y Canadá (74), quienes lideran el ranking este año, muestran un deterioro y sólo Uruguay (73) se mantiene estable. Venezuela, Haití y Nicaragua, países que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 22 puntos cada uno.

En el libro Democracia Bipolar, el referente de la sociedad civil Carlos March analiza el lugar de la corrupción en la región: “La mayoría de los países latinoamericanos sufren la siguiente progresión: del negocio al negociado; del negociado a la corrupción; de la corrupción a la corrupción estructural; de la corrupción estructural a la impunidad; de la impunidad a la ostentación”.

“Cuando el Estado deja de combatir y se dedica a administrar delito, sea para gestionarlo o distribuirlo, genera condiciones dañinas para la sociedad permitiendo el florecimiento del delito organizado o de asociaciones ilícitas”, agrega March, quien fue director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano entre los años 2000 y 2005.

En el libro Democracia Bipolar se describen las distorsiones del sistema democrático que convierten el estado social de derecho, pensado para que miles de personas colaboren entre sí sin conocerse y que las diferencias entre diversas posturas se resuelvan de forma pacífica, en un modelo que pone a los ciudadanos a la intemperie y a merced de los abusos de la institucionalidad que debería protegerlos y garantizarles calidad de vida. Allí, el autor plantea las capacidades que las sociedades tendrían que desarrollar para poder crear un ámbito de intercambio para que las y los referentes relevantes a nivel regional y global puedan avanzar en un intercambio constructivo.

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