La crisis sanitaria incrementó las condiciones de vulnerabilidad para grupos sociales que ya enfrentaban riesgos y se encontraban en una situación susceptible para migrar. Se vieron leyes de inmigración más estrictas, cierres fronterizos para detener el Covid-19, regulaciones de visado cada vez más exigentes y la xenofobia en aumento.
Este diagnóstico se expresa en la segunda edición del índice Riesgo Político América Latina, desarrollado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC). El índice es una guía para los tomadores de decisión en la esfera pública y privada. Principalmente, alerta sobre el creciente nivel de incertidumbre y volatilidad que enfrenta la región.
En muchas ciudades fronterizas de América Latina, migrantes han debido asentarse en improvisados campamentos o albergues en precarias condiciones. En octubre, la OIM solicitó USD 74,7 millones para responder a las necesidades humanitarias del “creciente número de migrantes vulnerables que se desplazan desde el Caribe y Sudamérica”.
Organismos internacionales y ONGs han alertado sobre la necesidad de garantizar a los migrantes el respeto a sus derechos y medidas de protección sanitaria, así como generación de condiciones para impedir las prácticas de xenofobia. En septiembre de 2021, unas 5.000 personas participaron en protestas antiinmigrantes en la ciudad Iquique (norte de Chile), las cuales culminaron en violencia. Iquique es el epicentro de una crisis por la llegada masiva de extranjeros indocumentados y es un ejemplo sobre la tensión creciente sobre la migración en América Latina.
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