Los países de América Latina y el Caribe fortalecieron sus procesos de planificación climática, pero todavía enfrentan dificultades para convertir esos compromisos en acciones concretas. Brechas de financiamiento, capacidades técnicas, articulación institucional y seguimiento continúan limitando la implementación de las NDC en la región, según el informe LEDSenLAC 2025, que analiza la situación de 30 países.
A la fecha de publicación del reporte, 22 de los 30 países analizados habían presentado sus NDC 3.0. Una de las principales mejoras se observa en la participación de distintos actores: 27 países reportan haber incluido al sector privado en la formulación de sus compromisos y, entre los 22 que presentaron la nueva generación de NDC, 21 desarrollaron procesos participativos multiactor y 16 involucraron a actores subnacionales. Sin embargo, el informe advierte que esa participación continúa siendo mayoritariamente consultiva.
Los avances en la ambición de las metas son más heterogéneos. De los 22 países con NDC 3.0, seis presentan un incremento neto en la reducción de emisiones cuando se utilizan métricas comparables. Ocho ampliaron la cobertura sectorial de sus metas y 17 incorporan un componente de adaptación. El reporte señala que, en la mayoría de los casos, las modificaciones responden principalmente a ajustes metodológicos y ampliaciones sectoriales.
También se registran avances en transparencia: 21 de los 30 países analizados presentaron su primer Informe Bienal de Transparencia. Sin embargo, solo 13 cuentan con una estrategia de largo plazo hacia 2050. En materia de financiamiento, 15 países poseen una Estrategia Financiera Climática y, entre aquellos que ya presentaron sus NDC 3.0, únicamente la mitad incorporó estimaciones sobre los costos de implementación.
Frente a este escenario, LEDSenLAC identifica como prioridades avanzar en una gobernanza que articule mejor a los gobiernos nacionales y subnacionales, integrar los sistemas de información y seguimiento, vincular las NDC con la planificación económica y sectorial y desarrollar estrategias financieras y carteras concretas de proyectos. El reporte también plantea la necesidad de generar incentivos y marcos regulatorios que permitan que el sector privado pase de participar principalmente en instancias de consulta a involucrarse de manera más activa en la implementación.
La cooperación regional aparece como otra oportunidad para acelerar ese proceso. El informe propone fortalecer el intercambio de capacidades y experiencias entre países para que las iniciativas desarrolladas a escala local puedan transformarse en aprendizajes colectivos y ser replicadas en otros territorios de América Latina y el Caribe.
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