El volumen del debate por la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 aumenta cada día. Y, al mismo tiempo, también lo hace la brecha entre el nivel de vacunación de los países más ricos y los más empobrecidos. Organizaciones de la sociedad civil y personalidades públicas han alertado repetidamente sobre este hecho y, en las primeras semanas de mayo del 2021, la discusión pasó al nivel de jefes y jefas de Estado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció a favor de la suspensión temporal de las patentes y las aguas entre las grandes potencias comenzaron a dividirse, al tiempo que la industria farmacéutica empezó a blindarse frente a la posibilidad de tener que renunciar a ganancias multimillonarias. Mientras tanto, el coronavirus sigue avanzando y mutando en un mundo en el que algunos países han vacunado a más de la mitad de las poblaciones y muchos otros ni siquiera tienen vacunas.
Un cambio en la narrativa: la sindemia del COVID-19
Hasta la primera semana de mayo del 2021, el 8,34% de la población mundial había recibido alguna de las vacunas aprobadas para su aplicación. Pero, detrás de este número, existe una profunda desigualdad que empezó a hacerse visible durante los últimos meses del 2020, cuando se supo que las grandes potencias mundiales estaban acaparando dosis en número mayor que sus poblaciones. Esta inequidad generó la siguiente situación: mientras que 130 países no habían recibido ni una sola dosis, tres de cada cuatro vacunas administradas se concentraban en apenas diez países. Y esta tendencia no ha cambiado: es una consecuencia del tratamiento mercantil de las vacunas contra el COVID-19 que se impuso al criterio de considerarlas como un bien público necesario para afrontar una pandemia para la que no existe ninguna frontera. En el transcurso de los primeros meses del 2021, también se hizo patente el hecho de que la mercantilización de las vacunas no solo afecta la salud humana y disminuye la capacidad de respuesta global a este problema: también deja unos pocos pero grandes ganadores.
América Latina es una de las regiones más rezagadas en términos de vacunación. De los 50 países que más han vacunado a sus poblaciones, 6 son latinoamericanos. Paralelamente, entre los primeros 20 países con más personas fallecidas por COVID-19, 5 son latinoamericanos. Si bien esto es un reflejo de la inequidad histórica que persiste en la región, tiene que ver con una cuestión fundamental: en América Latina, los Estados no abrazan a sus ciudadanías. Grandes segmentos de la sociedad son excluidos del sistema desde su nacimiento. Por esto, algunas personalidades de la ciencia consideran que el término “pandemia” es insuficiente: la enfermedad por el nuevo coronavirus es una sindemia. Este término, acuñado en la década de los ‘90 por la antropóloga Merrill Singer, integra los aspectos epidemiológicos con los sociales y analiza la forma en que una enfermedad infecciosa ーen este caso, el COVID-19ー interactúa con otras enfermedades no transmisibles y con los factores sociales, como la inequidad y la pobreza, que exacerban sus efectos negativos.
Este cambio de perspectiva tiene consecuencias prácticas para el abordaje de la crisis sanitaria. Actualmente, las medidas adoptadas de forma extensiva, como el aislamiento, el distanciamiento social y el uso de tapabocas, se orientan a frenar la circulación del virus. Pero, si se considera un escenario de sindemia, se deberían considerar también el tratamiento de las enfermedades no transmisibles, desde lo sanitario, y la implementación de políticas públicas específicamente orientadas a disminuir las inequidades y mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente de las que están en situación de vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, la cuestión de la inequidad en el acceso a vacunas y otros tratamientos contra el COVID-19 atenta en contra de la capacidad del mundo de contener la enfermedad. Pero no solo su expansión, sino también, principalmente, sus efectos más adversos. Porque, además, esos efectos son padecidos principalmente por los sectores de la población históricamente vulnerados.
Más allá de las patentes
Lo que empezó como una campaña encabezada por algunas organizaciones de la sociedad civil, hoy se transformó en un reclamo a nivel global. La exigencia por la liberación de las patentes llegó hasta los niveles más altos de los gobiernos de las grandes potencias mundiales: Joe Biden, Emmanuel Macron y Vladimir Putin se han pronunciado a favor del tema. Pero la Unión Europea está dividida: muchos países que son sedes de las grandes farmacéuticas productoras de vacunas o de algunos de sus componentes alegan que esta medida atenta en contra de la innovación tecnológica, ya que le quita incentivos a los laboratorios para seguir desarrollando. Este es el principal argumento de quienes defienden la propiedad intelectual de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, como señala la People’s Vaccine Alliance, toda esta innovación, el desarrollo y la producción de las vacunas actualmente disponibles han sido posibles gracias a millonarias inversiones de dinero público, recursos que terminan operando como los fondos semilla de desarrollos científicos que al no poder ser comercializados por los estados, se transfieren a las empresas farmacéuticas, las grandes beneficiadas de la pandemia.
El reclamo por la liberación de patentes se enfrenta a poderosos intereses corporativos. En este panorama, resulta imperativo para la sociedad civil buscar caminos que le permitan incidir efectivamente, no solo en el tema de las vacunas como bienes públicos, sino también en la gestión de la crisis sanitaria desde una perspectiva que integre lo social. En este sentido, la pandemia presenta grandes oportunidades para la articulación entre sectores, que en muchos casos ya se ha materializado en hechos concretos. Es el caso de Chile, por ejemplo, que hoy está en el lugar número 7 del ranking mundial de países que más han vacunado. Chile obtuvo más de 20 millones de dosis gracias a gestiones que se originaron desde la sociedad civil, que junto a gremios empresariales y sectores de la academia, entró en conversaciones con laboratorios que, finalmente, terminaron en los acuerdos que hoy permiten que más de 9 millones de chilenas y chilenos hayan recibido vacunas.
Mientras avanza la campaña para la liberación de las vacunas, la sociedad civil se articula en torno a diferentes procesos que faciliten el acceso a la tecnología a través de rutas intermedias. Una de estas rutas tiene que ver con la transferencia tecnológica, un proceso que implica el traspaso de conocimientos, tecnologías y metodologías entre instituciones con el objetivo de fomentar el avance científico. Existen muchos modelos de transferencia tecnológica y, en el contexto actual, presentan una oportunidad que permitiría ampliar el acceso a las tecnologías médicas necesarias para hacerle frente al COVID-19. Y esta cuestión abarca mucho más que las vacunas: puede ampliar el acceso a otros tratamientos y equipamientos, como respiradores, cuya producción también está limitada por derechos de patentes en muchos países. Por esto, la transferencia tecnológica es un paso que se puede dar aún cuando no sean liberadas las patentes. No obstante, muchas organizaciones alertan sobre la importancia de que esta transferencia sea realizada hacia instituciones públicas y no se limite a acuerdos entre privados.
Construir bienes públicos para responder a grandes problemas globales
La cuestión de la vacunación y del acceso a tratamientos para el COVID-19 atraviesa muchos aspectos: las inequidades históricas, las injusticias sociales e incluso el creciente malestar de las ciudadanías del mundo frente a sus democracias. En este contexto, se abren grandes preguntas: ¿Cómo la ciudadanía puede incidir en la gobernanza de la pandemia? ¿Cómo empezar a construir una infraestructura cívica que esté a la altura de este desafío y otros incluso mayores? Si bien no hay una respuesta única a estas preguntas, hay un concepto que puede ser el punto de partida para lograr resultados: la colaboración. Esto implica comenzar a construir agendas comunes atadas a objetivos concretos y, en este sentido, la pandemia brinda una oportunidad para que sectores diversos comiencen a dialogar y transformen ese diálogo en acción.
Desde esta perspectiva, es posible generar nuevos modelos de gestión que estén más atados a la territorialidad y que permitan la articulación entre gobiernos locales y sociedad civil en torno al manejo de la pandemia. Así, es posible generar estrategias nacionales que no estén limitadas por los gobiernos federales, que respondan a las necesidades locales y que se puedan articular con otros territorios para aumentar el impacto y el alcance de las acciones. El concepto de sindemia puede ser un punto de partida para el desarrollo de una gestión integral de la crisis. En América Latina, las medidas de aislamiento tienen un fuerte impacto en lo económico y social, agravado por los altos niveles de pobreza e informalidad. Por esto, el abordaje debe también integrar medidas en lo económico y lo social que tengan como objetivo primario asegurar que todas las personas atraviesen esta crisis con sus necesidades básicas satisfechas.
La campaña de la vacuna como un bien público es más que una campaña: es un símbolo de la necesidad de construir acuerdos globales para responder a las grandes problemáticas que atraviesan el mundo. El cambio climático y la debilidad de la democracia son algunos de esos grandes problemas, cuya magnitud exige un cambio sistémico: es imposible generar soluciones bajo las mismas premisas que generaron los problemas. Con todas sus diversidades, los países de América Latina comparten muchas cualidades y muchas problemáticas, pero, sobre todo, comparten la necesidad de generar nuevos acuerdos sociales. Países como Chile están avanzando en este sentido, en un proceso que empezó en 2019 como un estallido social y hoy está en vías de materializarse en una nueva Constitución fundada sobre las bases de la participación popular.
Desde Fundación Avina, promovemos la generación de bienes públicos en cantidad y calidad como una condición necesaria para hacer frente a cualquier crisis. Y, desde la perspectiva que impone la pandemia, no solo la vacuna debe poseer ese estatus: los sistemas de salud deben recuperar la condición de bienes públicos de tal forma que el acceso a una salud de calidad esté garantizada para toda la población. El coronavirus nos muestra que, para hacer frente a desafíos globales, hace falta generar respuestas globales, y la creación de bienes públicos es un paso decisivo en esa dirección. Hoy en día, la vacuna contra el coronavirus es un tratamiento necesario en términos epidemiológicos y por eso la sociedad civil debe seguir articulándose y abogando para convertirla en un bien público. No obstante, el horizonte debe ser más amplio, ya que la humanidad tiene otros desafíos mucho mayores por delante que requerirán amplias redes de colaboración para consolidar un nuevo Pacto Social.
Autora: Yanina Paula Nemirovsky (Fundación Avina)
El contenido de este InnContext no refleja la posición de la Fundación Avina sobre el tema.
