El domingo 7 de mayo Chile volvió a tomarse la agenda política. Esta vez, la llegada al Consejo Constitucional del partido Republicano, un espacio que representa a sectores más conservadores que los partidos tradicionales en Chile, no dejó indiferente a nadie. Y es que en un escenario político complejo e incierto para muchas personas resulta paradójico que, mientras hace dos años la lista más votada para escribir una propuesta constitucional fue la Lista del Pueblo, un conglomerado de independientes de marcada tendencia de izquierda, hoy en día, la lista con más votos pertenece al polo ideológico opuesto. ¿Qué ha pasado en estos años en Chile? ¿Cómo se llegó a este nuevo escenario? Y, sobre todo, ¿qué aprendizajes dejó del proceso anterior con miras a la nueva coyuntura?
Tras el rechazo a la propuesta constitucional del 4 de septiembre del 2022, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional llevaron a cabo el “Acuerdo por Chile”. Este acuerdo contemplaba la necesidad de abrir un nuevo proceso constitucional, en el que se definieron tres órganos y un itinerario constitucional a seguir, fechando hacia fines de 2023 un plebiscito en el que se volverá a convocar a la ciudadanía, a través del voto obligatorio, a ratificar o rechazar una nueva propuesta de Carta Magna. Dicho acuerdo, además, consensuó 12 bases constitucionales que no podrán ser modificadas por ninguno de los órganos que componen el proceso constituyente actual. A modo de ejemplo, algunas de estas bases indican que se consagra a Chile como un Estado Social de Derecho, que se deben respetar los emblemas patrios tales como el himno o escudo nacional y que se deben proteger los derechos fundamentales, como la vida y la libertad de enseñanza, entre otros. Este acuerdo respecto de las Bases Constituyentes fue firmado por la mayoría de los partidos y conglomerados políticos; sin embargo, el Partido Republicano no accedió a firmarlo.
El primer órgano que comenzó su trabajo fue el Comité de Expertos y Expertas, un comité designado por los partidos políticos cuya tarea principal es formular un anteproyecto constitucional. Este anteproyecto será entregado el 6 de junio al Consejo Constitucional.
Radiografía de un proceso electoral
Ahora bien, ¿qué lectura se puede hacer de la jornada electoral del 7 de mayo? Las encuestas que circularon semanas antes de las elecciones ya preveían una victoria de la derecha, incluyendo sus sectores más extremos. Otro factor para tener en cuenta es que tanto las franjas que aparecieron en televisión abierta, como los debates entre candidatos trataron de todo excepto de lo propiamente constitucional. La agenda de la seguridad se tomó la campaña, por lo que durante semanas los candidatos focalizaron sus discursos en este tema, así como en el control de la delincuencia, temas que hoy son de alta preocupación ciudadana. Hay en esto una clave que dentro de muchas otras explican la alta votación de los republicanos.
La segunda cuestión interesante tiene que ver con tratar de identificar a sus votantes. Los datos muestran que el Partido Republicano ganó en 253 de las 346 comunas del país. Entre ellas, en Colchane y Ercilla, al norte y sur de Chile respectivamente, que son dos de las comunas más pobres de Chile, lograron alcanzar un 70% de los sufragios. Otro dato para tener en cuenta es que en los centros penales, principalmente del norte de Chile, la población que está en situación de privación de la libertad también votó mayoritariamente por esta opción.
¿Qué pasó con los demás partidos? 11 consejeros constitucionales electos son de la coalición Chile Seguro, también de tendencias de derecha, y 16 de la lista que suma al Frente Amplio y el Partido Socialista, la coalición gobernante. La Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia están ausentes en estos números, lo que marcó un hito que no pasó desapercibido, pues ambos fueron parte fundante y protagonista de la Concertación de partidos por la Democracia que gobernó durante varios años el país luego de la finalización de la última dictadura cívico-militar.
Así, Chile se encuentra frente a un escenario incierto y en un momento crucial de su historia en el que en un segundo o incluso tercer intento, como algunos han planteado (incorporando en el relato el proceso de reforma de la presidenta Michelle Bachelet), se juega la elaboración de una Constitución que se constituya como el pacto social a través del cual la sociedad acuerda las bases de su convivencia por los próximos 40 o 50 años. Si hace tres años quienes estaban a cargo de liderar ese proceso pertenecían predominantemente a sectores de izquierda, hoy los de derecha lideran el proceso. Varios analistas comentan que desde hace algunos años en Chile se ha vivido una lógica pendular, pasando de un lado a otro del espectro político en los sucesivos procesos electorales. Sin embargo, otros hablan de un malestar que no tiene domicilio político, que se mueve sin rumbo y arrienda un espacio en el cual sentirse cómodo, para luego, en la elección siguiente, trasladarse a otro a causa fundamentalmente del desencanto. Pero los hechos son tan recientes, que probablemente aún falte perspectiva histórica para sacar conclusiones contundentes.
Avanzar sobre los aprendizajes
Lo que sí se puede asegurar es que hoy, y probablemente más que nunca, será necesario tener presentes los aprendizajes que dejó el proceso anterior. Algunos de ellos fueron sistematizados por la Fundación Avina en el documento “Aprendizajes para una nueva Constitución. Cómo el estallido social se canalizó en un proceso constitucional en Chile”. En este artículo, quisiéramos destacar tres que nos parece deben estar al servicio del nuevo proceso.
El primero de ellos refiere a que la forma es inseparable del fondo. El rechazo del 2022 no fue solo el rechazo de un texto, sino más bien a un proceso en el cual las controversias protagonizadas por varios de los constitucionales fueron generando una animadversión ciudadana, que también muchas veces fue amplificada por los medios de comunicación. Es fundamental, entonces, que esto no se repita.
Un segundo elemento tiene que ver con el contacto entre las personas designadas para redactar la propuesta constitucional y su cercanía con la ciudadanía, el cual debe ser constante. Este punto es complejo, en primer lugar, porque los actuales consejeros y consejeras tendrán solo cinco meses para trabajar. Y, en segundo lugar, relacionado con el punto anterior, porque en tan corto tiempo los mecanismos de participación ciudadana estarán más acotados que en el proceso previo. Eso no quita que la ciudadanía esté llamada a participar (para obtener más información, se puede acceder al sitio web de la Secretaría) y que será responsabilidad de quienes integren el órgano no protagonizar un proceso endogámico centrado en las discusiones internas.
Por último, será fundamental que los grupos mayoritarios no se eximan de buscar consensos. En este sentido, será importante que los sectores que hoy tienen el poder de imponer sus contenidos se vuelquen hacia la búsqueda de consensos, para así poder emanar un texto que nos haga sentir parte de, como decíamos antes, un pacto social en el que todas las personas podamos convivir. Y esto cobra aún mayor relevancia en estos tiempos de polarización. Lo que es indudable es que, nuevamente, en Chile se están viviendo tiempos interesantes que dejarán muchos aprendizajes y experiencias invaluables para las democracias de la región y el mundo.
Autora: Antonia Garcés Sotomayor
Los artículos InnContext permiten ampliar miradas, aportar diferentes puntos de vista y promover discusiones constructivas. Por esto, no necesariamente reflejan la posición institucional de la Fundación Avina sobre el tema.
