Más de la mitad de los empleos vinculados con la economía circular en el mundo son informales. Se trata de personas que recuperan residuos, reparan productos, clasifican materiales o sostienen mercados de reutilización, pero suelen quedar fuera de las estadísticas, las protecciones laborales y las decisiones que definen el futuro del sector.
Un informe de Circle Economy y Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) advierte que el avance de nuevas regulaciones e iniciativas empresariales vinculadas con la economía circular puede profundizar esa exclusión. A medida que los residuos adquieren valor y aumenta la competencia por los materiales, nuevos actores pueden desplazar a quienes históricamente realizaron estas tareas.
El documento retoma una estimación de Circle Economy, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial según la cual existen entre 121 y 142 millones de empleos vinculados con la economía circular en el mundo, de los cuales el 52% son informales. En África, Asia y el Pacífico, así como en los Estados Árabes, la informalidad supera el 80% del empleo en estos sectores.
A partir de experiencias de Colombia, Pakistán, Zimbabue e India, complementadas con información sobre las cadenas textiles de Bangladés y Ghana, el informe identifica cuatro lecciones para que las políticas de economía circular incorporen derechos laborales y no se concentren únicamente en los flujos de materiales.
La primera es que el reconocimiento no suele surgir de una reforma aislada, sino de procesos prolongados de organización impulsados por los propios trabajadores y de la construcción de alianzas con sindicatos, universidades, organizaciones no gubernamentales y redes internacionales. En Colombia, las organizaciones de recicladores sostuvieron durante más de tres décadas una estrategia de movilización, articulación nacional y acciones judiciales para ser reconocidas como prestadoras del servicio público de aprovechamiento de residuos.
En la actualidad, alrededor del 86% de los prestadores de este servicio en el país son organizaciones de recicladores, remuneradas a través de las tarifas del servicio público de aseo según los volúmenes recolectados. Además, el Decreto 1381 de 2024 les otorgó durante 15 años la exclusividad en la recuperación de materiales reciclables dentro del servicio público.
Sin embargo, el informe señala que el reconocimiento jurídico no resuelve por sí solo la precariedad. Las tarifas no siempre cubren los costos reales de las organizaciones ni contemplan la variación de los precios de los materiales, mientras que las exigencias administrativas de la formalización pueden convertirse en una barrera para las organizaciones más pequeñas.
La segunda lección es que la exclusión no es accidental, sino que se reproduce a través de los propios marcos regulatorios y de gobernanza: la subcontratación y el pago por pieza en Bangladés y Pakistán, la hostilidad de los municipios hacia los vendedores y comerciantes informales en Zimbabue o las acciones de empresas privadas que en Colombia buscaron conservar el control de las rutas de recolección. Revertir esa dinámica exige promover activamente la inclusión. Las organizaciones de trabajadores no pueden ser convocadas solamente para consultas puntuales, sino que necesitan una representación estable en los espacios donde se diseñan las políticas. Esto supone reconocer que sus prioridades pueden exceder las demandas laborales tradicionales e incluir el acceso a la vivienda, el transporte y la electricidad, además de la seguridad y la protección frente a la violencia de género.
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Ese fue el caso de las trabajadoras a domicilio de Sindh, en Pakistán. A partir de investigaciones que mostraron su falta de reconocimiento legal, activistas y organizaciones sindicales comenzaron a relevar y organizar a las trabajadoras. El proceso incluyó visitas a sus hogares, la formación de cooperativas y círculos de estudio donde se abordaban los salarios y las condiciones laborales, junto con otras preocupaciones de las mujeres. Después de más de una década de movilización, una ley provincial aprobada en 2018 las reconoció como trabajadoras y estableció derechos laborales y sociales.
La tercera lección es la importancia de producir datos junto con las propias organizaciones. Los censos y relevamientos permiten dimensionar sectores que no aparecen en las estadísticas oficiales, demostrar su contribución ambiental y económica y contar con evidencia para negociar mejores condiciones y remuneraciones.
En Bogotá, un censo ordenado por la Corte Constitucional y realizado en 2012 permitió identificar a 13.984 recicladores y dar mayor visibilidad a una población que hasta entonces no estaba adecuadamente registrada. En 2025, la Or Foundation llevó adelante el primer censo de trabajadores del mercado de ropa usada de Kantamanto, en Ghana, mientras que en Bangladés se desarrollaron relevamientos para dimensionar la red de pequeñas y medianas empresas que recuperan residuos textiles industriales.
Por último, el informe propone combinar las herramientas jurídicas nacionales con los estándares internacionales. En Zimbabue, donde los vendedores y comerciantes informales no cuentan con reconocimiento dentro de la legislación laboral, sus organizaciones recurrieron a la Recomendación 204 de la OIT para negociar con las autoridades locales. Entre 2020 y 2021 firmaron 19 memorandos de entendimiento que abrieron espacios para participar en reuniones municipales y presentar sus demandas, aunque las obligaciones asumidas por los municipios no son vinculantes y los acuerdos carecen de mecanismos claros para resolver disputas.
Los trabajadores dedicados al desguace de barcos en Alang, en el estado indio de Gujarat, también recurrieron a la organización sindical y a los estándares internacionales. El desguace de barcos forma parte de la economía circular porque permite recuperar acero y otros materiales de embarcaciones que llegaron al final de su vida útil para volver a utilizarlos. Con el acompañamiento de la Federación de Sindicatos Neerlandeses (FNV) e IndustriALL Global Union, en 2005, se constituyó una asociación que actualmente representa a 18.000 trabajadores. Alang reúne la mayor concentración de instalaciones de desguace de barcos del mundo, una actividad considerada entre las más peligrosas: entre enero de 2009 y octubre de 2012, un sindicato local registró al menos 54 muertes por accidentes laborales en esos predios. Desde 2011, la asociación impulsó programas de seguridad y salud en el trabajo basados en la formación entre pares. También promovió la ratificación del Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques. India ratificó el convenio en 2019 y ese mismo año aprobó la Ley de Reciclaje de Buques.
Las experiencias muestran también los límites de la acción estatal. La aprobación de leyes o acuerdos no garantiza su aplicación, especialmente cuando persisten controles débiles, cadenas de subcontratación fragmentadas y políticas que promueven simultáneamente la formalización y la flexibilización laboral.
Circle Economy y WIEGO proponen reconocer a quienes trabajan en la economía informal como actores económicos y titulares de derechos. Para ello, plantean garantizar su representación permanente en los debates nacionales e internacionales, producir información junto con sus organizaciones y orientar la formalización hacia la mejora efectiva de los ingresos, las condiciones laborales y el bienestar.
Leer el informe acá.
