Chile se encuentra cursando un histórico proceso de debate y reconfiguración social y política que emergió con fuerza en el estallido social en octubre de 2019. A partir del día 18 de ese mes, de manera espontánea, diversos movimientos de estudiantes iniciaron una masiva movilización que resonó en toda la sociedad.

Se trató de un movimiento inorgánico y autónomo de los partidos y de otras instancias aglutinadoras de intereses colectivos (sindicatos, organizaciones sociales, gremios, etc.). El llamado estallido social, con expresiones desordenadas, conflictivas y muchas veces violentas, fue la consecuencia de una acumulación de malestar ciudadano que llevaba años incubándose y que cada tanto, se manifestaba parcialmente. Así fue como el año 2011 surgió el Movimiento de los Pingüinos, las masivas protestas en Aysén y Freirina el año 2012, entre muchas otras expresiones de descontento. Estas y otras manifestaciones sociales y sin conducción política fueron advertidas desde el 2010 por diversas organizaciones y estudios que señalaban la creciente lejanía entre las élites y la ciudadanía, con la consecuente baja de la confianza en las instituciones y una legitimación del uso de la fuerza y conductas extralegales más allá del marco institucional y jurídico vigente. El acuerdo social, manifestado de manera expresa como de manera tácita en nuestra sociedad, se estaba debilitando aceleradamente frente a los ojos cerrados del poder. Tan solo días antes del estallido, el expresidente Piñera declaraba “Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada”.

Monumento en la plaza Baquedano, hoy símbolo del estallido social de 2019

La sumatoria de graves situaciones acumuladas a la que se arriba en octubre de 2019, llevó a los partidos de todo el espectro político a firmar un acuerdo para que la ciudadanía decidiera mediante un acto plebiscitario un cambio constitucional con miras a la elaboración de una Nueva Constitución. Adicionalmente, y a petición de una crecida sociedad civil, se convinieron tres condiciones inéditas en los procesos eleccionarios celebrados hasta esa fecha: si ganaba la opción de cambiar la constitución por una asamblea enteramente elegida, existiría cupos para pueblos indígenas, paridad de género e igualdad de condiciones para la participación de partidos políticos e independientes.

En ese contexto, en octubre de 2020, con más del 78% de las preferencias se aprobó  el cambio de la Constitución vigente bajo la modalidad de una asamblea enteramente elegida por la ciudadanía y con las condiciones mencionadas, sin participación alguna de parlamentarios del Poder Legislativo. Así, Chile inició un camino que pretende una resolución de diversos conflictos por la vía institucional, específicamente a través de una nueva constitución política.

En la elección de los y las convencionales, el país vio con sorpresa la inesperada derrota de los partidos políticos tradicionales. De las 155 personas que fueron electas para redactar la nueva constitución hubo solamente 50 constituyentes que militaban en partidos políticos. Estos resultados, producidos en un contexto político revuelto, han sido el fundamento para que algunos sectores cuestionen la composición de la Convención y por ende el borrador de una nueva constitución. Lo anterior no hace sino ignorar las crisis que viven las democracias representativas a través del mundo, donde la intermediación de intereses se encuentra fuertemente cuestionada.

Así, una crisis irresoluta y extendida en el tiempo, una compleja diversidad en la representación ciudadana y tan solo un año para sentar las normas básicas de convivencia futura del país, plantearon desde la instalación de la Convención, un escenario en extremo difícil para promover el diálogo reflexivo y pausado entre actores con intereses diversos y muchas veces contrapuestos.

Bloque de Independientes No Neutrales en camino a la entrega de la Constitución el 4 de julio

Sin embargo, la principal dificultad de la Convención parece que no fue otra que ser un espejo de una sociedad crispada y polarizada donde los espacios de diálogo, ponderación y respeto por las diferencias estuvieron muy disminuidos. De esta manera, en las formas, observamos durante meses excesos y agresiones verbales de algunos convencionales, aumentadas por interesadas cajas de resonancia en redes sociales y algunos medios. A pesar de todo ello y ya en el fondo, se logró un texto con acuerdo de más de dos tercios de los y las convencionales, tal y cual fue requerido por el acuerdo del año 2019.

Será ahora la ciudadanía la que deba resolver sobre un texto que claramente no es la casa de todos, como se dijo muchas veces por algunos, sino más bien sobre los contenidos acordados por una amplia mayoría legítimamente constituida. Lo anterior no hace sino reconocer la tesis de Habermas en orden a aceptar que en sociedades tan complejas y diversas como las actuales, la legitimidad del derecho solo viene de la construcción democrática de las normas.

Pero los problemas del país no terminan en el proceso constitucional. Con mayor o menor claridad, le entregamos a la Convención la misión y la responsabilidad de resolver institucionalmente los graves conflictos sociales que con creces la superaba. No cabe duda de que en el camino transcurrido desde octubre del 2019, no nos hemos hecho cargo adecuadamente de la necesidad de abordar la crisis desde otras instancias. Como brillantemente ha señalado la investigadora Kathia Araujo, por la rapidez de los tiempos ha habido “una promesa de diálogo social que no se cumplió”. Agrega Araujo que “en Chile existe una pequeña minoría muy activa políticamente, de derecha e izquierda. Luego hay muchas personas que sienten que no entienden mucho o se cansan por este tono tan alterado que pueden tener las conversaciones en el espacio público”.

La sociedad chilena está polarizada de cara al plebiscito por el que se votará por el Apruebo o el Rechazo de la Nueva Constitución

Araujo apunta a un tema central: creímos que saldríamos muy rápido de la crisis, poniendo todos los huevos en la canasta de la Convención Constitucional como el lugar donde podríamos reparar todas nuestras heridas como sociedad. A pesar de ello y más allá de nuestras desproporcionadas expectativas, la Convención ha permitido simbolizar, al menos parcialmente, las esperanzas de cambio de una parte importante de la sociedad. Más que el texto concreto propuesto, lo importante es el ánimo de cambio que abre el proceso, incompleto, pero necesario. De ahí que la negatividad frente al mismo, más que mermar los posibles resultados, merma el espíritu y el ánimo ciudadano haciendo más difícil cualquier escenario futuro. Entonces, ¿cómo recuperar o crear espacios que permitan avanzar en el respeto irrestricto de las posiciones que generará el borrador de Constitución? ¿Cómo logramos convivir con las posiciones de Apruebo y Rechazo respetándonos mutuamente? ¿Cómo conversar sin destruirnos? Al menos dos elementos entran en escena ante las posibles respuestas a estas y otras preguntas. Por una parte, los miedos de distintos sectores que proyectan, fundadamente o no, escenarios distópicos para el país. Por otra, la dificultad de instalar “condiciones para la espera” del cumplimiento paulatino y gradual de promesas que encuentran su origen en el texto constitucional propuesto.

Desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol que jugar: contribuir a facilitar y participar de espacios de diálogo y construcción de confianzas desde la diversidad de nuestras posiciones. Se trata de legitimar el proceso constituyente como mecanismo limitado, pero válido de construcción de paz social. Se trata entonces de asegurar, al menos, una participación electoral libre e informada, en un clima menos polarizado y de legitimación de la diferencia.

Sin lugar a duda que el plebiscito de salida, cualquiera sea su resultado, requerirá voluntad de transformación y diálogo para una nueva etapa de nuestra historia. Por ello, se requiere simultaneidad en la traducción y acercamiento de los contenidos del texto constitucional a la ciudadanía y la colaboración en la construcción e implementación de instancias de diálogos sociales entre pares improbables.

Autor: Leonardo Moreno


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