El cierre definitivo del basural a cielo abierto de Puente de Hierro, el más grande de Mendoza, Argentina, avanzó como un caso de transición justa al combinar la remediación ambiental con la inclusión laboral de recuperadores urbanos que durante años trabajaron en condiciones de informalidad y riesgo sanitario.
La clausura fue dispuesta el 5 de junio de 2025 por el Concejo Deliberante de Guaymallén mediante la Ordenanza N.º 10209, en el marco de la Ley Nacional N.º 25.916 y la Ley Provincial N.º 5970. La medida obligó al cierre legal del predio, el desvío de residuos hacia sitios habilitados y la elaboración de un plan de saneamiento ambiental junto al Ministerio de Energía y Ambiente, el INTA y la Fundación ArgenInta.
Más allá del aspecto técnico, el proceso incorporó un eje de inclusión social para los trabajadores que dependían del basural como fuente de ingresos. A través de la Dirección de Ambiente y Energía municipal y con apoyo de la Cooperativa El Álamo y la Cooperativa Aguaribay, se impulsó la formalización de recuperadores informales mediante capacitaciones, subsidios condicionados a la formación y acompañamiento para su inserción en el sistema provincial de reciclaje.
Como resultado, 144 recuperadores fueron incorporados al sistema formal, obtuvieron inscripción en el monotributo, cuentas bancarias y un esquema de trabajo municipal con salario, credenciales, uniformes, elementos de protección personal y acceso al Centro Verde local.
“Uno de los principales desafíos fue generar confianza en los recuperadores informales para que entendieran que era posible trabajar en mejores condiciones y que el cambio iba a ser gradual”, explicó Giselle Baiguera, coordinadora Programática de Economía Circular Inclusiva e Innovación Laboral en Fundación Avina. También señaló la dificultad de transformar prácticas históricas de subsistencia diaria hacia un esquema organizado con horarios, uso de equipamiento de seguridad y trabajo cooperativo.
Según Baiguera, la experiencia dejó aprendizajes para otros municipios, entre ellos la necesidad de diseñar planes obligatorios de inserción sociolaboral al momento de cerrar basurales, reconocer el reciclaje como un servicio público esencial y promover la separación en origen para garantizar que los materiales lleguen limpios a los centros verdes.
El impacto también se reflejó en las condiciones de vida de los trabajadores. Una de las recicladoras incorporadas al programa, que había trabajado en el basural desde niña, pasó de desempeñarse en un entorno marcado por cortes, infecciones y exposición permanente a residuos, a integrarse a un espacio formal con condiciones de seguridad, horarios y reconocimiento laboral.
“El cambio fue profundo en términos de autoestima, salud y proyecto de vida”, sostuvo Baiguera. Agregó que el cierre del basural también fortaleció la organización comunitaria en la zona al eliminar un foco histórico de contaminación y conflicto ambiental.
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El modelo fue impulsado bajo una lógica de “triple impacto” y contó con articulación entre el municipio, cooperativas y organizaciones sociales. Fundación Avina participó en la consolidación del enfoque de inclusión social y en la construcción de capacidades para desarrollar un esquema replicable de reciclaje inclusivo.
“La transición, si no es con los trabajadores, no es justa”, resumió Baiguera sobre un proceso que convirtió el cierre de un pasivo ambiental en una experiencia de formalización laboral y fortalecimiento de la economía circular en Mendoza.
