El agua es un elemento en torno al que se articulan prácticamente todos los aspectos de la vida en sociedad. Es esencial para la vida y para la producción de alimentos, al tiempo que se vincula estrechamente con el ejercicio de la democracia y la soberanía; reúne y cohesiona comunidades, ocupa un lugar central en las luchas ecologistas y en las problemáticas relacionadas con el cambio climático. Y a pesar de que es un derecho humano y se considera esencial para el cumplimiento de todos los restantes, actualmente hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua segura. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconocen la necesidad de garantizar el acceso al agua de forma equitativa para todas las personas en el mundo, pero la crisis hídrica se agudiza a la par del cambio climático y los conflictos en torno al agua han ido en aumento en los últimos años.

Por lo anterior, la urgencia de la problemática exige abordajes inclusivos, resilientes y escalables, basados en la concepción del agua como un bien público y un derecho humano y que construyan una ciudadanía activa que participe de la toma de decisiones en torno al recurso hídrico y sus modelos de gestión. En este sentido, la gobernanza democrática del agua es un abordaje que integra estas características. Si bien este concepto no es nuevo, muchas veces ha sido restringido a la estabilidad institucional y la capacidad de generar reglas para la administración del recurso hídrico. Pero la gobernanza democrática del agua es un concepto mucho más amplio, que implica fomentar la participación de la ciudadanía organizada en la construcción de acuerdos entre actores sociales diversos con miras a garantizar el acceso sostenible y equitativo a servicios de agua y saneamiento.

A partir de esta conceptualización, existen distintos tipos de estrategias que se ordenan en torno a los contextos más diversos. Cada territorio tiene particularidades que exigen abordajes propios y es ahí en donde la gobernanza democrática permite esa flexibilidad que el entorno requiere, ya que se basa en la premisa de que las decisiones que se tomen en torno a la gestión del agua deben ser definidas de forma democrática y consensuadas socialmente. Las múltiples posibilidades de estrategias bajo la gobernanza democrática del agua comparten algunos factores comunes: el respeto por la dignidad humana, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la colaboración y la cooperación como bases para cualquier modelo de gestión. De modo que la gobernanza democrática del agua tiene como meta principal construir una ciudadanía empoderada, especialmente en los sectores más vulnerados de la población.

Entre el 20% y el 50% de la población en América Latina accede a agua segura gracias a la organización comunitaria

Gestión comunitaria del agua

Una de las estrategias que contempla la gobernanza democrática del agua que tiene que ver con la administración del recurso hídrico son las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). Se trata de sistemas comunitarios de gestión cuyo objetivo principal es garantizar el acceso al agua segura en zonas rurales y periurbanas en donde no llegan las grandes obras de infraestructura hídrica que, además, tampoco serían viables en ese tipo de territorios. Por esto, las OCSAS tienen un fuerte arraigo territorial y están adaptadas a la realidad cultural, ecológica, económica y social del territorio en el que se asientan.

Sistemas de gestión comunitaria del agua como las OCSAS persiguen el beneficio común y el bienestar para toda la comunidad, por lo que se guían bajo los criterios de solidaridad y equidad. En América Latina y el mundo existe una gran variedad de experiencias en torno a la gestión comunitaria del agua basadas en distintos tipos de sistemas. Dentro de sus diferencias, que tienen que ver fundamentalmente con aspectos técnicos y con modelos de administración, todas implican soluciones ambientales, sociotécnicas y democráticas, en la medida en que constituyen innovaciones tecnológicas que cuidan el recurso, considerado un bien público y habilitan y fomentan la participación de la ciudadanía. En este sentido, las OCSAS son procesos de organización por los cuales las comunidades gestionan, administran, operan y mantienen sus sistemas de abastecimiento y saneamiento del recurso hídrico.

En América Latina existen al menos 145.000 organizaciones comunitarias que brindan agua a más de 70 millones de personas. En líneas generales, los sistemas integran una variedad de estrategias que incluyen la captación de agua de vertientes naturales accesibles para las comunidades, la distribución y la instalación de tanques para la captación y reserva y la implementación de métodos para el saneamiento. Independientemente de los detalles técnicos de cada sistema, un factor común a todos ellos es que están íntegramente adaptados a las características ambientales del territorio y a los aspectos sociales y culturales de las poblaciones que abastecen.

La gestión comunitaria del agua no es algo nuevo. Los registros arqueológicos indican que ya desde tiempos prehispánicos había infraestructura hidráulica que dotaba de agua a comunidades localizadas en torno a la fuente del recurso. Tras la conquista española, se empezaron a configurar los procesos de exclusión, sobre todo de poblaciones indígenas, no solo del acceso al agua, sino de los recursos naturales en general. Como consecuencia, se gestaron experiencias de lucha organizada por el recurso hídrico que se remontan al siglo XVII. Las comunidades han estado gestionando el agua de forma comunitaria desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, existen organizaciones que tienen hasta ocho décadas de experiencia en la construcción de estrategias para la gestión del agua, construcción que además se vincula con procesos democráticos, participativos, solidarios y de justicia. De manera que el sector comunitario ofrece ejemplos históricos de cómo organizarse por el agua de forma equitativa y transparente.

Entre los muchos ejemplos de buenas prácticas que brindan este tipo de organizaciones están los Centros de Atención Integral (CAI). Se trata de emprendimientos sociales, sin fines de lucro, que ofrecen servicios a organizaciones comunitarias afiliadas para mantener y mejorar sus niveles de gestión. Existen muchos CAI en América Latina y África que muestran las diversas formas que pueden adoptar estas organizaciones en función del contexto territorial en el que operan. Tan solo como ejemplo de este tipo de emprendimientos, vale mencionar el Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable (CENAGRAP), una alianza público-comunitaria que brinda apoyo a 11 juntas administradoras de agua y OCSAS, que benefician a 33.944 personas de 115 comunidades del cantón Cañar, en el sur de Ecuador.

La estrategia de CENAGRAP se articula en torno a cinco principios rectores: (i) el reconocimiento del derecho de las poblaciones al agua como un derecho humano, fundamental e irrenunciable, (ii) la participación y la corresponsabilidad social, (iii) el enfoque de gestión integrada del agua y los recursos hídricos, (iv) la actuación basada en criterios de solidaridad, complementariedad, sostenibilidad e interculturalidad y (v) la libre adhesión de las juntas de agua para beneficiarse de los servicios de CENAGRAP. El consorcio no se ocupa de realizar tareas de mantenimiento y operación de los sistemas, ya que esos trabajos recaen sobre las juntas administradoras y las OCSAS. Más bien, brinda las herramientas necesarias para que dichos trabajos se lleven a cabo correctamente. La experiencia de CENAGRAP y otros cinco Centros de Atención Integral se recopilan en la publicación de libre acceso “Centros de Atención Integral. Sistematización de seis experiencias”.

Gestión comunitaria del agua en Ecuador

La ciudadanía en la toma de decisiones

Los múltiples mecanismos que son expresiones de la gobernanza democrática del agua no se limitan a los modelos de administración en comunidades rurales o periurbanas. Al tratarse de un abordaje en cuyo centro está la participación ciudadana, permite y fomenta la creación de instrumentos que se ajusten a las necesidades y realidades de las ciudades o entornos con altas densidades poblacionales. En este sentido, si bien los sistemas de gestión tienen mayores complejidades, la ciudadanía puede y debe ser partícipe de la toma de decisiones en torno al recurso hídrico.

La iniciativa Escenarios Hídricos 2030 nació en 2016, en Chile, como un proceso de diálogo con el objetivo de diseñar soluciones en torno a la gestión del agua, teniendo en cuenta los futuros escenarios posibles para un uso sostenible del recurso en beneficio de las comunidades, los ecosistemas y los sectores productivos. Además de considerar los escenarios, la iniciativa se centró en explorar rutas de acción con medidas concretas que permitieran iniciar una transición hídrica para Chile de cara a garantizar la sostenibilidad y el acceso equitativo para toda la población.

Escenarios Hídricos 2030 contó con los aportes del sector público, el sector privado, comunidades, academia y organizaciones de la sociedad civil. Entre 2016 y 2019 se llevó a cabo la primera fase de la iniciativa, en la cual se generó un diálogo abierto que permitió recoger valiosa información sobre las distintas realidades que se viven en el territorio chileno con respecto al agua y los puntos de disenso y de consenso acerca del tema. A partir de este proceso, que fue nutrido con investigaciones y datos, se generaron insumos e indicadores robustos que daban un diagnóstico de la situación hídrica del país, analizaban las brechas de información y que fueron la base para construir los distintos escenarios. Esto permitió, finalmente, elaborar una propuesta para la transición hídrica que representó un gran acuerdo entre los sectores que participaron del proceso.

En total, participaron más de 370 instituciones y más de 700 personas, entre representantes de distintos sectores y líderes territoriales. Tras cuatro años de trabajo, la iniciativa se consolidó como referente a nivel nacional en temas de agua y seguridad hídrica. Fue incluida como integrante de la Mesa Nacional del Agua y proporcionó insumos técnicos y propuestas a las comisiones de recursos hídricos del Senado y de la Cámara de Diputados. Este es un caso de gobernanza democrática del agua diseñado para incidir a escala nacional que muestra que es posible generar modelos de participación en grandes poblaciones. Ya sea una estrategia de gestión comunitaria centrada en la administración del recurso hídrico o un espacio para la construcción de acuerdos multisectoriales, le gobernanza democrática del agua se basa siempre en las mismas premisas: participación ciudadana, inclusión, cuidado y colaboración con el objetivo de garantizar el acceso a un bien público que constituye un derecho humano.

La plataforma Escenarios Energéticos 2030 realizó diversas publicaciones para la difusión, la elaboración de diagnósticos y propuestas sobre temas hídricos. Fuente: https://escenarioshidricos.cl/publicaciones/

Conectando lo local con lo global

El Sur Global alberga a una gran parte de la población que se encuentra desproporcionadamente afectada por desafíos relacionados con el agua. Asegurar que las voces de las comunidades afectadas de América Latina sean escuchadas y que sus perspectivas se tengan en cuenta en los espacios clave de toma de decisiones es el centro de la estrategia de Fundación Avina sobre el acceso al agua.

Por tanto, en Avina se entiende la gobernanza democrática del agua como un proceso colaborativo que genera transacciones ganar-ganar, esto es, que los acuerdos generados benefician a todas las partes involucradas. En este sentido, si bien las organizaciones comunitarias no tienen fines de lucro, tampoco tienen ánimo de pérdida. Esto apunta al hecho de que las organizaciones deben generar acuerdos comunitarios que permitan que el sistema funcione como un emprendimiento. Deben obtener el dinero para comprar el cloro, cambiar tuberías, reparar tanques de almacenamiento y solucionar cualquier desperfecto en menos de una hora, es decir, para operar y mantener el sistema. Y dado que en la mayoría de nuestros países el agua es un recurso que pertenece al Estado, es fundamental que estos modelos de gestión se vinculen con procesos de construcción de política pública.

Cuando los procesos de gobernanza democrática del agua están respaldados por política pública, existen más y mejores instrumentos para asegurar que haya un orden de prelación. Esto implica un orden de prioridades para el uso del agua. La primera es el consumo de las personas: agua para beber y asearse. Le sigue la seguridad alimentaria, que implica el uso de agua para los cultivos. En tercer lugar, está el caudal ecológico, que implica respetar los límites que impone el ciclo del agua. Y, finalmente, una vez que todo eso está asegurado, vienen los otros usos, que tienen que ver, por ejemplo, con actividades industriales o comerciales. Este orden de prelación en la realidad muchas veces no se respeta, pero para que sea cumplido se requiere una política pública que lo respalde, es decir, que el agua sea por ley un bien público.

Este abordaje permite generar procesos resilientes que representan contribuciones a los objetivos globales sobre acceso al agua. Para conectar los procesos comunitarios con el cumplimiento de las metas globales es necesario considerar una gestión integral del recurso hídrico, que considere el entorno como un sistema complejo cuyas múltiples aristas están estrechamente relacionadas. En el contexto actual, no podemos hablar de agua sin acción climática, sin una visión de ciudades, de riesgos, de biomas, de salud, de género e incluso de migraciones. Vemos que hoy en día la seguridad alimentaria y la salud humana están atravesadas por el agua. De manera que para Fundación Avina la gestión del agua es un concepto muy amplio, intersectorial. Además, cada vez son más importantes los vínculos entre la ruralidad y la urbanidad y ya no podemos considerar esos entornos de forma aislada. En general, las fuentes de agua de las ciudades están ubicadas en zonas rurales, de modo que, si en la ciudad se contamina el agua, eso afecta a las comunidades rurales que también hacen uso del recurso. De modo que ese círculo conecta todo, por lo cual el trabajo en la gobernanza democrática del agua debe abarcar una dimensión amplia.

El camino hacia el cumplimento y alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6

Según el informe de seguimiento de la ONU sobre el avance en el alcance y cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de 2021, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en el sector de agua y saneamiento ascendió a 8,5 mil millones de USD en 2018. A pesar de ser una cifra elevada, se estima que se necesitarán al menos 114 mil millones de dólares al año para cumplir con las metas del ODS 6 para 2030. Se requiere un aumento radical en las inversiones en agua y saneamiento para cumplirlo: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos para 2030. Sin embargo, existe una gran brecha en el financiamiento y la inversión de impacto destinada a este sector, lo que limita la capacidad de las comunidades para gestionar el agua de manera sostenible.

Históricamente, los actores públicos y la ayuda oficial al desarrollo han sido las principales fuentes de financiación para garantizar el acceso a los recursos hídricos de calidad de las poblaciones más vulnerables y de los países con menos capacidad de gestión.

En cuanto a los fondos del sector privado, no hay cifras precisas disponibles debido a que aún se requiere consolidar los mecanismos de rendición de cuentas, según indica Naciones Unidas. Sin embargo, según el informe de 2021 del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), las empresas miembros del WBCSD invirtieron alrededor de $ 5,6 mil millones en proyectos de agua y saneamiento en 2020. Algunas empresas privadas invierten en iniciativas de responsabilidad social e hídrica como parte de sus prácticas de sostenibilidad corporativa. Algunas de estas empresas son Coca-Cola, Nestlé, Xylem Inc. y PepsiCo.

En cuanto a la filantropía, el informe de la Fundación Gates sobre el agua y el saneamiento en 2021 señaló que su inversión fue de más de $ 3,4 mil millones en el sector de agua y saneamiento desde 2000. Además, otras organizaciones filantrópicas también han invertido en el sector, incluyendo la Fundación Rockefeller y la Fundación Coca-Cola.

Además, aunque hay un enfoque y aproximación desde la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático, no existe una clara evidencia de un vínculo entre clima y agua. Aquí es donde se presenta una gran oportunidad para asociar las gestiones de agua y clima. Las comunidades están cuidando el recurso desde los territorios y están implementando modelos innovadores y soluciones climáticas desde la base. Esto tiene la posibilidad de escalarse y replicarse globalmente.

Es necesario cambiar la narrativa para que las iniciativas del sur cuenten tanto para el cumplimiento de los ODS como para que puedan ser financiadas. Este cambio de narrativa debe ir desde lo local a lo global. Es importante que se preste atención a las iniciativas locales y se las financie adecuadamente, ya que pueden tener un gran impacto en la gestión del agua y en la adaptación al cambio climático.

Los fondos que llegan al nivel local son una cuestión de justicia y reparación, pero también son fundamentales para resolver la crisis ya que es en el nivel local donde la acción y la innovación toman forma. Como dijo Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático de la República Dominicana, en el cierre de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022 (LACCW): “Mucho ya se ha acordado y establecido en acuerdos por escrito, y en vista del compromiso que tenemos con la presidencia egipcia de la COP27, es hora de actuar”.

La filantropía puede ser un aliado valioso para acelerar la acción, especialmente al desbloquear fondos para movilizar soluciones a nivel local, y el papel que puede desempeñar es al menos triple:

  • Hacer que los fondos estén disponibles y sean accesibles para que las comunidades locales actúen;
  • fomentar el aprendizaje sobre los impactos del clima por las comunidades locales y facilitar la acción basada en el conocimiento;
  • promover un enfoque de cambio sistémico para apoyar y escalar la implementación de la financiación climática global a nivel local.

Invertir en este enfoque tendría un impacto significativo en el cumplimiento de los ODS, contribuiría a la adaptación al cambio climático y prevendría conflictos futuros en torno al acceso al agua. Además, la gestión adecuada del agua es un derecho humano fundamental, por lo que invertir en este sector es esencial para garantizar el acceso a este recurso vital para las generaciones presentes y futuras.

Fundación Avina, como una organización filantrópica latinoamericana, comparte el espíritu de soluciones y cooperación. Ha promovido la colaboración para resolver la crisis climática durante más de una década a través de una cartera que aborda la conservación de los biomas, el acceso al agua, las ciudades resilientes, las innovaciones tecnológicas, la política climática, entre otros.

En conclusión, es necesario llamar a la acción para garantizar el financiamiento adecuado de las iniciativas de gestión del agua y su asociación con la adaptación y la búsqueda de soluciones climáticas. Esto contribuirá al cumplimiento de los ODS, a prevenir conflictos futuros en torno al acceso al agua y a garantizar el acceso a este recurso vital como un derecho humano fundamental.

Autoras: Adriana Otoya y Yanina Paula Nemirovsky