“Tenemos que encontrar un balance en el código de procedimientos en donde se respeten los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados por igual”

 

El Doctor Edgardo Buscaglia es economista especializado en Derecho Penal y Economía del Crimen. Ha estudiado el fenómeno del crimen organizado en 118 países, y ha identificado los distintos vacíos de Estado que permiten que las redes criminales proliferen y escalen en violencia y corrupción.

¿Cuál es su área de trabajo actualmente?

Soy economista en principio. Me especialicé en Derecho Penal y Economía del Crimen y desde hace ya treinta años -no lo puedo creer- estoy trabajando en estos temas, más que nada en términos prácticos, aplicando mucho de lo que uno entiende por teoría a la práctica profesional. Tengo un rol académico en la Universidad de Columbia, en donde soy Investigador Senior. Y después me paso casi todo el año trabajando en diferentes países a los que me invitan, por ejemplo, ahora estoy invitado a la Argentina a dar un seminario ante la ONU y ante el Congreso de la Nación. Así voy viajando por muchos países, a veces haciendo trabajos prácticos para fiscales y apoyando sus labores de investigación y ayudándolos a cooperar con fiscales y jueces de otros países. Esto es porque a una delincuencia organizada transnacional no la podés enfrentar con Estados nacionales fragmentados, sino que tenés que coordinarlos para intercambiar material potencialmente probatorio. Entonces, ayudamos a que los jueces y fiscales cooperen. Tengo en mis equipos a policías, ex jueces, ex fiscales. También formo parte de organizaciones como Wildlife Justice Comission, una comisión de justicia aplicada a la flora y fauna que se encarga de ayudar a los países a desmantelar redes criminales que trafican, por ejemplo, cuernos de rinocerontes, marfiles de elefantes o incluso maderas y que van desde África a Vietnam y de Vietnam a China o a Latinoamérica. La Organización No Gubernamental está formada por ex jueces, ex fiscales, ex agentes de inteligencia que ya son grandes como yo y se dedican a algo práctico, con un enfoque de sociedad civil.

¿A qué llama delincuencia organizada y cómo se entiende su dimensión y sus vínculos con las instituciones del Estado?

La delincuencia organizada se malentiende en muchos países porque se la caricaturiza. La delincuencia organizada es una organización que siempre tiene a políticos, empresarios, sindicalistas y a operativos que salen en los periódicos, como ocurre en México con el Chapo Guzmán. Y los gobiernos ayudan a construir esa caricatura, porque obviamente no quieren atacarse a sí mismos, no quieren limpiar su propio Estado, entonces no hablan de la enorme delincuencia organizada que existe dentro del Estado. En Argentina estamos viendo eso ante la resistencia de los gobiernos, de este, del previo y de los previos, de delinear un marco de control del financiamiento de campañas electorales, que es uno de los canales principales que la delincuencia organizada utiliza para capturar políticos y eso está probado en todo el planeta. Todos los países que se tomaron en serio el combate a la delincuencia organizada encontraron que cuando desmantelan la dimensión política de la delincuencia organizada el principal canal de captura es el financiamiento de campaña y la obra pública. Entonces hay que comenzar a entender la corrupción como un fenómeno de delincuencia organizada, de asociaciones ilícitas, transnacionales. Porque arriba de De Vido está la presidenta Kirchner, pero por arriba de la presidenta Kirchner siempre habrá algún ucraniano, algún indio, alguien que ayuda a sacar el dinero de la Argentina a otros países. Son organizaciones transnacionales las que apoyan a estos presidentes y estos ministros que cometen actos de corrupción en redes criminales que son delincuencia organizada. Tienen operativos que muchas veces asesinan, tienen a miembros de sociedad civil que los ayudan. Hemos venido estudiando la delincuencia organizada desde el punto de vista académico y venimos aplicando las mejores prácticas anti-corrupción y anti-mafia desde hace muchos años con base a las mejores experiencias que se han implementado, por ejemplo, Italia desde los años ochenta, Colombia en la década pasada, Francia desde los años setenta, Estados Unidos desde los años sesenta y setenta. Hay una gran enciclopedia de experiencias exitosas anti-mafia. Entonces, cuando venimos a un país como Argentina, les señalamos cuáles son los vacíos institucionales de Estado que tienen. Y esa es un poco mi profesión.

Hablando de Argentina, el Ministerio de Seguridad recientemente sacó una resolución que algunos dicen que significa la habilitación jurídica del gatillo fácil y esto se está dando en un marco en el que las fuerzas policiales cada vez protagonizan más hechos de violencia contra la ciudadanía. ¿Qué opina de esa resolución?

He leído el protocolo de la señora Bullrich. Lamentablemente, el protocolo es una elaboración de principios y generalidades. Un protocolo operativo para el uso legítimo de la fuerza pública tiene que ser compatible con las convenciones y los diecisiete instrumentos jurídicos internacionales que Argentina ha ratificado y por tanto tiene que aplicar por ley y no los está aplicando. Un protocolo debe ser un conjunto de instrucciones de tipo receta, muy operativos, que le ayuden al policía a entender qué hacer ante diferentes escenarios de conflictos sociales, de conflictos con potenciales delincuentes y otros. Y después, en entrenamientos prácticos, se enfrenta al policía ante todos esos escenarios en simulacros. Por ejemplo, de siete personas que se le vienen encima, que son colegas policías, al policía hay que preguntarle cuál de todos estos escenarios en el protocolo aplicaría en ese caso práctico. Y así lo vas entrenando en la práctica. Eso no se hace en Argentina.

¿La policía no está recibiendo entrenamiento?

No, no está recibiendo entrenamiento adecuado. Los protocolos operativos para el uso legítimo de la fuerza comenzaron a desarrollarse mucho en la década del noventa y, paradójicamente, comenzaron a desarrollarse mucho en Suecia. En Suecia ocurrió que se reunió la Organización Mundial de Comercio en Estocolmo y hubo un gran enfrentamiento entre la policía y manifestantes antisistema y anticapitalismo. La policía reaccionó de más, hubo mucha sangre y a raíz de esto, Suecia acudió a los instrumentos internacionales jurídicos que habían ratificado hacía décadas y decidió ponerlos en funcionamiento de manera práctica. Lamentablemente, la secretaria Bullrich no ha hecho esto. Ella ha elaborado una serie de principios, que son muy bonitos entre filósofos del derecho o entre colegas académicos, pero no le sirven de nada a un policía que necesita una receta operativa paso por paso ante diferentes escenarios. Además, abre las puertas a que existan ataques políticos en donde se considera que la represión es “de derecha” y la protección de los derechos humanos es “de izquierda” y eso es un disparate que está ocurriendo en Argentina. Los derechos humanos en la práctica son los aliados de todos los seres humanos, de derecha, izquierda o de cualquier ideología. Pero en este país no se entienden adecuadamente. Yo siempre les digo a los colegas argentinos que nuestros trabajos prácticos, que inclusive han sido publicados por la ONU, indican que cuanto más un Estado respeta los derechos humanos, más colaboran los ciudadanos con el Estado mismo para combatir la delincuencia organizada. Colaboran a través de testimonios protegidos o testimonios abiertos, colaboran con la policía, con los fiscales. Pero si la policía o cualquier autoridad viola los derechos humanos, el ciudadano deja de colaborar y la efectividad del Estado para desmantelar a grupos criminales disminuye. Y el respeto de los derechos humanos debe estar plasmado no en los discursos sino en la práctica, en los protocolos operativos. Si vienen ciudadanos enojados que hacen temblar la barrera, obviamente no les vas a tirar un spray en la cara. Hay maneras de contener al ciudadano sin necesidad de violencia física. Siempre se trata, por ejemplo, de buscar focos de diálogo con líderes de los grupos sociales y hay toda una experiencia en torno a esto y yo estaría desesperado por mostrarle gratis a la señora Bullrich copias de esos protocolos, porque yo creo que no le han llegado. Si le hubiesen llegado, hubiese empezado por entrenar a la policía y ahí todos se hubiesen puesto de acuerdo, inclusive la gente de izquierda hubiese estado de acuerdo con que hay que entrenar a la policía. Nadie va a estar en desacuerdo con que si a un policía le disparan el policía se tiene que defender. Nadie diría “no, no te defiendas, déjate asesinar”.

¿Es así la norma actualmente?

No, no es así para nada. Pero cuando tú tiras un protocolo de dos o tres páginas y lanzas principios generales, abres las puertas a que lo caricaturicen. Y eso es una gran tragedia, porque la Argentina necesita institucionalizar el uso legítimo de la fuerza pública. No existe Estado que no use legítimamente la fuerza pública para defenderte a ti como víctima cuando te violan o cuando te secuestran. En casos así tienen que usar la fuerza pública, el policía no puede no usarla porque tiene miedo de que lo procesen después. Tiene que usarse, pero con un protocolo que respete puntillosamente los 54 derechos humanos que están plasmados en las convenciones que Argentina ya ratificó como país soberano, o sea que no hay que comenzar de cero. Y eso es algo que no se está discutiendo técnicamente en Argentina. Un periodista argentino me hizo una entrevista hace un año y medio a raíz del caso Maldonado. Ahí yo les recomendé el libro que escribimos sobre el uso legítimo de la fuerza. Se llama “La fuerza de la razón y la razón de la fuerza“. Es un libro que publicamos con varios colegas extranjeros en donde narramos cómo un estado desarrolla el uso legítimo de la fuerza como parte de su madurez institucional. Argentina no es un país maduro institucionalmente, es un país que salió de dictaduras, de dictablandas y que está desarrollando sus instituciones. Por esto, hay que ser paciente y no ideológico.

Pareciera que otra vez estamos volviendo a la misma discusión de siempre, y esto se asocia también con lo que pasa en otros países de la región, como Brasil, y es esta dicotomía entre “garantismo” versus “mano dura”. ¿Cuál es su opinión al respecto?

El garantismo no es una mala palabra, es una buena palabra. Yo quiero vivir en un país en donde las garantías constitucionales se me respeten en la práctica, no solamente en la letra. Es muy difícil que los Estados desarrollen esa práctica en la medida en que se sigan discutiendo ideológicamente estos temas. Todo Estado que utiliza “mano dura” extrajudicialmente está violando todo tipo de convenciones y de derechos humanos fundamentales. Órdenes de allanamiento sin jueces que las controlen, intervenciones telefónicas sin jueces que las controlen, uso de la fuerza ilegítima sin jueces. Todas estas son violaciones de las garantías constitucionales plasmadas en la Constitución Argentina y en las convenciones que venimos ratificando desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los años sesenta.

Ahora bien, el hipergarantismo es otra cosa. Supongamos que, con la mejor de las intenciones, empezamos a decir lo siguiente: un policía encuentra a una persona asesinando a otra, in fraganti, con el cuchillo en la mano, y la persona admite el asesinato. El hecho de que el policía no pueda usar ese testimonio voluntario del delincuente en caliente como parte de un juicio oral o como parte de un procedimiento abreviado es un disparate. En este caso, solamente lo que dice un imputado con un abogado y con un juez de control frente a ellos es potencialmente material probatorio. Eso se llama hipergarantismo.

¿Eso existe en algún lugar?

Eso existe en Guatemala, por ejemplo, en donde hubo ideólogos, como un señor llamado Binder, que es un abogado argentino que trabajó mucho por los países latinoamericanos, con la Organización de Estados Americanos y que promovía este tipo de código de procedimientos en donde se anulaba el material potencialmente probatorio si no estaban el juez de control y el abogado presentes. Y así se bloqueaba la investigación. En países como Guatemala ocurrieron grandes colapsos de sus sistemas judiciales por no poder llevar casos a juicio y al generar una impunidad que paradójicamente nació a partir de ese hipergarantismo, ese garantismo no fundamentado, ni en el sentido común ni en el jurídico. Tenemos que encontrar un balance en el código de procedimientos en donde se respeten los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados por igual. Es muy difícil de encontrar, pero hay que hacerlo. No podemos caer en que solamente los derechos de los imputados son los importantes, los que deben tener todo el peso en el código y de los derechos de la víctima se encarga el fiscal. No, el fiscal no se encarga. Los fiscales muchas veces están tapados de trabajo, tienen miles de causas pendientes. La víctima tiene que tener un rol activo, una presencia directa y una presión sobre el fiscal para que se actúe. La víctima tiene que ser tan visible e importante como el imputado. Entonces, hay toda una filosofía, que nace en Luigi Ferrajoli, que es un gran filósofo italiano del derecho, que acude al equilibrio de partes, y que hoy en Argentina todavía no tenemos.

¿Qué pasa cuando hay un sector de la sociedad que pide que los imputados no tengan derechos?

Escribimos unos trabajos hace años basados en datos que nosotros sacamos de causas judiciales, de casos que manejaban las unidades anti mafia, del Poder Ejecutivo, o sea que son casos reales, no especulaciones teóricas. A partir de estos estudios, descubrimos que los países que piden mano dura sin atención a los derechos humanos, o sea violando los derechos humanos en el camino, como es el caso puntual de México, y al mismo tiempo no desmantelan las redes criminales a través de la materia civil y no la penal, aumentan la corrupción y la delincuencia organizada. ¿Por qué es importante la materia civil? La materia civil en la carga de la prueba es mucho menor porque tu libertad no está en juego y el Estado puede probar mucho más fácilmente que tus patrimonios son sucios simplemente con el hecho de que tú no puedas probar su origen legítimo. El hecho de que no puedas probar que lo ganaste limpiamente ya es suficiente prueba para que el estado te lo quite. La idea es que tenemos que asegurar que la aplicación de la pena establecida en el Código Penal cumpla con los criterios de un procedimiento en donde haya un equilibrio de partes, en donde los imputados tengan derechos, las víctimas tengan derechos y haya un control adecuado a lo largo del proceso. Y, al mismo tiempo, a la organización criminal a la cual todo el mundo le quiere aplicar mano dura, se le debe aplicar el desmantelamiento patrimonial de sus departamentos, de sus carros, de los bienes que están a nombre de las personas que pertenecen a la red; que eso se les aplique a todas las personas que están en esa red. O sea que si el grupo de operativos que asesina tiene contactos en los municipios, que caigan los políticos, los empresarios legales, que caigan los que les vendieron las armas, que caiga toda la red criminal y que caigan sus patrimonios. Después tenés que asegurarte de que exista una política de prevención social. En Italia, por ejemplo, todos los bienes que se decomisan de esas redes criminales van a parar a atenderte a ti como víctima. ¿Sabías eso?

No sabía. ¿Cómo es eso?

En Italia, los bienes decomisados van a las cooperativas de producción de remeras, de mermeladas, en donde miles de chicos de 15, 16, 17 años adquieren capacitación técnica. Ahí tenés a cientos de miles de jóvenes italianos que antes eran carne de cañón de la mafia italiana y que hoy están en cooperativas de producción que se sitúan, por ejemplo, en las propiedades del Toto Riina, que es el Chapo Guzmán italiano. En Argentina, cuando yo propuse esto, todo el mundo me dijo “¡qué buena idea! ¡qué magistral!”. Pero después, por debajo de la mesa, me decían “no, Doctor, no podemos hacer eso porque hay mucha corrupción en la administración de bienes decomisados y es muy difícil ir contra esa mafia”. Pero hay que ir contra esa mafia, como hizo Italia, porque si ustedes no comienzan a quitarle toda esa estructura económica cuantiosa que tienen las redes criminales y solo les aplicas la mano dura, o sea más policías y más militares, lo que la delincuencia organizada hace es muy simple: solo aumenta los sobornos y en vez de comprar un policía con quinientos dólares, usa cinco mil dólares. Y aumenta la escala de los sobornos: no solamente sobornan a los policías, sino que empiezan a sobornar a presidentes de asambleas municipales, a alcaldes, a gobernadores, y así van escalando en nivel de corrupción. Esto es la “Paradoja de la represión”, como la llamamos en este artículo que publicamos en el 2008. Es un artículo científico que salió publicado en una revista científica y dice que cuando los países aplican “mano dura”, violan derechos humanos, y al mismo tiempo no desmantelan los enormes patrimonios de políticos, empresarios y de los operativos que salen todos los días en los diarios, lo que sucede es que aumenta la delincuencia organizada y aumenta la corrupción. Es la paradoja de la represión. La paradoja de la mano dura.

 

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