El municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, Honduras, marcó un hito el 18 de septiembre de 2024 al aprobar la primera Política de Movilidad Humana del país. Este instrumento, resultado de un proceso colaborativo entre actores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, busca garantizar los derechos, la inclusión equitativa y la protección de grupos vulnerables, como infancias, mujeres, indígenas, personas mayores y personas con discapacidad.
El proceso para diseñar esta política enfrentó varios desafíos, particularmente en la fase presupuestaria, según explicó Jerson Muñoz, coordinador del proyecto Voces Migrantes para el Cambio. “La política tuvo varias etapas: diseño, consulta, validación, socialización y aprobación. Fue clave la participación de la Mesa de Migración, integrada por sectores gubernamentales, no gubernamentales y privados, lo que permitió reflejar las necesidades reales de Choloma, un municipio expulsor, de tránsito y acogida”, señaló Muñoz.
La política establece principios rectores que aseguran el bienestar de las personas en movilidad y fomenta un enfoque interinstitucional para coordinar esfuerzos entre dependencias municipales. Además, provee herramientas para orientar el financiamiento público y privado hacia la atención de las necesidades locales, incluyendo alianzas estratégicas con la cooperación internacional.
La implementación de la política estará a cargo de la Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado, que ya cuenta con un plan de acción hasta 2028. Entre las medidas concretas se incluye el fortalecimiento de las instituciones responsables de atender a personas migrantes, la creación de la Mesa Técnica de la Migración para evaluar y dar seguimiento al plan, y la provisión de servicios públicos específicos para esta población. También se trabajará en la reinserción económica de las personas en movilidad mediante capacitaciones y apoyo a modelos de negocio o empleo.
Según Muñoz, “uno de los principales retos será empoderar a la población para que se apropie de la política, respetar la estrategia de implementación y garantizar una respuesta integral a las necesidades de las personas migrantes. Además, es crucial formar a los servidores públicos en el trato preferencial a esta población”.
Para garantizar la inclusión plena de los grupos más vulnerables, se están fortaleciendo las capacidades de la Unidad Municipal, incluyendo atención psicológica, monitoreo de casos y un registro de base de datos que permita canalizar apoyos. Asimismo, la política integra acciones de desarrollo social y económico, desde la prevención de violencia y apoyo a la juventud hasta el fortalecimiento de cadenas de valor y el emprendimiento.
La evaluación del impacto de la política será anual, basada en un sistema de monitoreo que medirá el cumplimiento de sus ejes orientadores. Los resultados se presentarán en la Corporación Municipal, lo que asegura transparencia y seguimiento constante.
