Mendoza atraviesa un escenario de estrés hídrico cada vez más agudo, con proyecciones que anticipan una caída de entre el 15% y el 20% en la disponibilidad de agua hacia 2050, en un contexto de mayor demanda y variabilidad climática. La provincia, históricamente organizada en torno a una gestión cuidadosa del recurso, enfrenta hoy un desajuste estructural entre oferta y consumo que tensiona tanto al sistema productivo como al abastecimiento urbano.
El problema combina múltiples factores: infraestructura de riego envejecida, marcos regulatorios desactualizados y una lógica de uso que no incentiva la eficiencia. El agro concentra cerca del 85% del consumo hídrico, pero la ineficiencia atraviesa a todos los sectores, mientras persisten desafíos como la falta de medición domiciliaria y el cobro del agua basado en superficie y no en consumo real.
A esto se suma el deterioro de ecosistemas clave para la seguridad hídrica. La degradación de humedales y suelos, junto con la pérdida de biodiversidad y la expansión de monocultivos, impacta directamente en la capacidad de regulación natural del agua. Especialistas advierten que la restauración de estos sistemas no solo es una cuestión ambiental, sino también económica y productiva.
El riesgo hídrico también se redefine: además de la escasez estructural, crecen los eventos extremos, como lluvias intensas y aluviones, que exponen limitaciones en la planificación urbana y en los sistemas de prevención. La falta de información en tiempo real y de monitoreo integral de cuencas aparece como un obstáculo central para anticipar y gestionar estos fenómenos.
Frente a este panorama, distintos actores coinciden en la necesidad de avanzar hacia un enfoque multiactor, con financiamiento combinado público-privado, métricas comunes y una planificación a escala de cuenca. El desafío ya no es comprender el problema, sino construir las condiciones institucionales, financieras y culturales que permitan traducir ese diagnóstico en políticas sostenidas y acciones concretas.
Los consensos surgidos se apoyan en un proceso reciente de articulación multisectorial: el 15 de abril, referentes del sector público, empresas, academia y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en Mendoza en un diálogo convocado por Fundación Avina y CCU, donde coincidieron en la necesidad de construir un plan de cuenca, mejorar la eficiencia en el uso del recurso y avanzar hacia mecanismos de financiamiento y gobernanza compartida.
“El problema del agua sólo puede resolverse con todos los actores en la mesa. Resulta necesario construir confianza y promover el diálogo de todas las partes involucradas, porque solo a partir de la colaboración de los distintos sectores vamos a ser capaces de abordar este desafío en toda su complejidad y construir de manera conjunta soluciones sistémicas que sean sostenibles y mejor adaptadas a los contextos locales, con la equidad y la seguridad hídrica siempre en el centro”, señaló Florencia Iacopetti de Fundación Avina.
“El agua no es una agenda paralela para nuestra industria: es parte central del negocio y de su sostenibilidad en el tiempo. Por eso creemos que el sector privado tiene la responsabilidad de involucrarse, no solo mejorando su propia gestión, sino también siendo parte de una conversación más amplia que ayude a construir una mirada común sobre el recurso en Argentina.”, afirmó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.
La Conferencia del Agua de las Naciones Unidas se celebrará los días 2, 3 y 4 de diciembre y Argentina buscará llegar a ese espacio con una conversación avanzada. Un diálogo que asuma la complejidad de las distintas miradas existentes, para transformar el problema del agua en una oportunidad para el desarrollo.
