A finales de 2023, Civic Space Guardian y la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa advirtieron sobre retrocesos en el espacio cívico paraguayo. Diversos proyectos restrictivos, como la reforma de la “ley de administración financiera del estado” y la creación de un nuevo “registro para las organizaciones no gubernamentales”, fueron claras señales de alerta para el funcionamiento de las OSC.
El 9 de julio de 2024, el Senado paraguayo celebró una sesión extraordinaria en la que aprobó, con modificaciones, un proyecto de ley destinado a establecer un régimen de “control, transparencia y rendición de cuentas” para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que reciban o administren fondos públicos. La iniciativa fue presentada e impulsada por legisladores de la bancada oficialista del Partido Colorado, incluyendo a Basilio Núñez, actual presidente del Senado. La votación resultó en 34 votos a favor y 9 en contra.
En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría, el proyecto será revisado por las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.
El proyecto establece que todas las OSFL deberán inscribirse obligatoriamente en un Registro Nacional, llevar un registro detallado del uso y destino de los fondos recibidos y presentar informes semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas. No podrán firmar acuerdos ni recibir fondos de entidades públicas si no están registradas. La supervisión será realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la Contraloría General de la República y otros organismos estatales.
Diversas organizaciones han expresado preocupaciones sobre el proyecto. En un comunicado del 15 de julio, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, que agrupa a 32 organizaciones de la sociedad civil en la región, destacó que la iniciativa podría infringir derechos fundamentales, como la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, así como las libertades de concurrencia y asociación. También señalaron que el proyecto centraliza la administración de recursos en el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que podría amenazar la autonomía de las OSFL. Además, criticaron las sanciones severas, incluyendo multas, suspensión de actividades, cese definitivo de actividades y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional, considerándolas excesivas e indefinidas. Asimismo, subrayaron que los requisitos de información podrían ser excesivos y onerosos, dificultando la gestión y el acceso al financiamiento para las OSFL.
El 26 de julio, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa publicó otro comunicado, expresando preocupaciones sobre posibles vulneraciones a los derechos de asociación y libertad de expresión. En este contexto, hicieron un llamado a la participación de la sociedad civil en los debates de la Cámara de Diputados, buscando impulsar la participación ciudadana en el proceso legislativo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también intervino, solicitando al presidente Santiago Peña la revisión del proyecto de ley. Las relatoras especiales expresaron su preocupación por las exigencias de registro y reporte, argumentando que estas podrían desincentivar la creación de nuevas asociaciones y vulnerar la autonomía de las OSFL ya existentes. Además, recomendaron promover una discusión pública y multisectorial sobre el proyecto y considerar una normativa que facilite el trabajo de estas organizaciones. Sin embargo, durante la misma sesión, se desestimó una propuesta para postergar la votación y establecer una mesa de diálogo con representantes de las ONG.
El 30 de julio, se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde participaron el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y diversas organizaciones de la sociedad civil, que buscaron introducir cambios a la propuesta.
More Read
Este proyecto no es un caso aislado, sino parte de un patrón regional que afecta a las OSFL. En Venezuela, se debate el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, mientras que en Perú se discute una reforma de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
