Desde que se desató la pandemia del COVID-19, casi de forma unánime, el aislamiento ha sido la principal medida de contención. La falta de una cura exige al mundo la adopción de medidas preventivas, no ya como la mejor opción para frenar la expansión de la enfermedad, sino como la única. En este contexto dinámico y de condiciones cambiantes, en las distintas regiones se adoptaron estrategias muy diversas para implementar el aislamiento social, algunas de ellas con resultados destacables.
¿Cuáles son esas buenas prácticas y qué avances han reportado a la fecha? Responder esta pregunta de forma sistemática resulta de enorme relevancia para América Latina. En líneas generales, hacia principios de abril, la región todavía lograba evitar la expansión exponencial del COVID-19 entre la población. No obstante, aún no se puede cantar victoria: muchos países están apenas comenzando a transitar el invierno y algunos están en situaciones sanitarias críticas. Además, la crisis económica promete agudizarse durante y después de la pandemia. Es muy probable que América Latina, la región más desigual del mundo, termine debatiéndose entre cómo achatar la curva epidemiológica y cómo elevar la achatada curva de la economía.
Pero una vez que el virus sea controlado e incluso cuando se encuentre una cura, cabe esperar futuras crisis que vuelvan a sacudir el mundo. Es por eso que, a pesar de la situación trágica que vive la mayor parte de las personas y en especial las más vulnerables, resulta relevante realizar una sistematización de buenas prácticas que permitan sentar las bases de protocolos para enfrentar nuevas emergencias. Y, muchas veces, las buenas prácticas, hacen emerger el trasfondo de las problemáticas, de forma que, más que prácticas, se puedan convertir en nuevas lógicas sistémicas para construir un nuevo paradigma de cuidado y sostenibilidad que se torna cada vez más urgente.
Oruro: acción basada en la información y la colaboración
Oruro, departamento ubicado al este de Bolivia, cerca de la frontera con Chile, se adelantó en una semana al resto del país en tomar medidas frente al COVID-19. El 10 de marzo aparecieron los primeros dos casos confirmados y enseguida se implementó una cuarentena total: se suspendieron las clases, se restringió la circulación de vehículos, exceptuando a trabajadores de salud, seguridad y fuerzas armadas, y se establecieron tres días a la semana para que la población saliera a abastecerse de alimentos. Así, mientras la pandemia se expandía por toda Bolivia, en Oruro se logró contener al punto de no presentar nuevos casos a lo largo de 20 días. Si bien Oruro sostiene los desafíos propios de un contexto complejo de pandemia, lo realizado en los primeros días le generó una importante base de aprendizaje.
El diseño de un esquema de gobernanza, mínimo y de emergencia, pero oportuno y efectivo, fue el principal factor que permitió alcanzar los resultados positivos que mostró Oruro. Pero, además, este esquema se pudo implementar gracias a la plena participación de la población que, consciente e informada, se alineó detrás del objetivo de frenar la expansión del virus. En este sentido, la comunicación fue decisiva. La estrategia consistió en decir la verdad y canalizar la información únicamente a través de fuentes oficiales.
Según Saúl Aguilar, Alcalde Municipal, “les dijimos la verdad y la información que dimos fue cruda”. Las acciones de comunicación se complementaron con acciones educativas, como, por ejemplo, simulacros públicos de cómo tratar un eventual caso de COVID-19 y demostraciones para tomar las medidas adecuadas en las filas que se forman en las entidades financieras o centros de abastecimiento. Lejos de desatar el pánico, la transparencia en la información, en conjunto con una campaña de educación, generó los consensos sociales necesarios para la implementación de la estrategia de emergencia.
En un primer momento, la decisión del municipio de dictar una cuarentena fue cuestionada por el gobierno central. No obstante, Oruro se mantuvo firme en su autonomía y este accionar descentralizado le permitió al municipio organizarse en torno a la prioridad de preservar la vida y la salud. Oruro, a su vez, presenta un cuadro territorial complejo: sus casi 500.000 habitantes se distribuyen en 16 provincias y 35 municipios, la gran mayoría rurales. Además, tiene dos pasos fronterizos con Chile, Pisinga y Tambo Quemado, puntos neurálgicos para el paso de personas y de mercaderías.
En este contexto, Oruro activó un plan de coordinación territorial que movilizó las capacidades propias de cada localidad y permitió su distribución para suplir sus respectivas deficiencias. Por ejemplo, se aseguró el abastecimiento de productos de primera necesidad en todo el territorio. Estas acciones basadas en la colaboración y en el establecimiento de acuerdos y agendas de acción compartidas, fueron la clave para contener el avance que se hubiera esperado de la pandemia en una región de las características de Oruro.
Foto: EFE/Emilio Huascar/Archivo
Costa Rica: salud pública universal de calidad para enfrentar cualquier pandemia
El 19 de marzo, Alice Shackelford, representante de Naciones Unidas en Costa Rica, reconoció públicamente “la manera excepcional e innovadora en la cual Costa Rica está respondiendo al COVID-19”. La funcionaria destacó el trabajo de la Fábrica Nacional de Licores, que aumentó su producción de alcohol antiséptico y el de Correos de Costa Rica, que se encargó de su distribución puerta a puerta para reducir la movilidad de personas. Este es apenas un ejemplo del tipo de medidas innovadoras de articulación intersectorial, además de las medidas restrictivas de la movilidad que el Gobierno Nacional ha implementado en todo el territorio.
Otra iniciativa innovadora de Costa Rica es la propuesta de crear un repositorio global, de libre acceso, para la divulgación de investigaciones vinculadas al COVID-19, así como un depósito de licencias que facilite el acceso y uso de tecnologías para prevenir y tratar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud aceptó la propuesta y trabajará, junto con el gobierno costarricense, en el desarrollo de este repositorio.
Por otro lado, Costa Rica es uno de los primeros países en el mundo en implementar medidas para la protección de la biodiversidad. La principal medida tiene que ver con el cierre total de las áreas protegidas y los parques nacionales. Esto incluye la prohibición del acceso a personal académico y de investigación. Esta decisión tiene que ver con el hecho de que una tigresa cautiva en un zoológico de Nueva York dio positiva de COVID-19, con lo cual se materializó la posibilidad de que el virus se transmita de seres humanos a animales silvestres.
No obstante, el éxito de Costa Rica en contener la expansión del coronavirus tiene mucho que ver con una cuestión de base: su sistema de salud. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) elaborado en 2017, desde su creación, en 1941, el Servicio Nacional Único de Salud de Costa Rica “ha demostrado una considerable estabilidad institucional”. Además, “los costarricenses tienen un acceso casi universal a un rango completo de servicios de atención de la salud y gozan de una protección efectiva contra los gastos catastróficos en salud. La esperanza de vida excede la de muchos países de la OCDE”.
Costa Rica es el país latinoamericano con la menor tasa de letalidad de la región. Es decir, presenta la menor cantidad de muertes por número de personas contagiadas. Las medidas de contención de emergencia funcionan articuladamente con el sistema de salud: la prevención reduce la presión sobre el sistema y permite garantizar una atención de calidad y una infraestructura disponible para tratar a las personas que lo necesitan. Y esta es la combinación de éxito desde la perspectiva del cuidado: salud para todos y todas; medicina para quien la necesite.
Perú y El Salvador: medidas para enfrentar la pandemia económica
El avance de la cuarentena en el mundo ha tenido un fuerte impacto en la actividad económica. Para América Latina, la disminución en la circulación y las actividades económicas está generando consecuencias sociales catastróficas que se suman a las sanitarias. Esto ha generado una falsa dicotomía que pocos países han resuelto: ¿preservar la salud o la economía? Falsa dicotomía porque los Estados no tienen opción: deben llevar soluciones a ambos frentes.
Las medidas universales generan distintos impactos en sociedades diversas y complejas. Una cuarentena puede reducir los efectos de una pandemia sanitaria pero puede desatar una pandemia económica en trabajadores y trabajadoras que, o perderán sus empleos o verán profundizada la precariedad de sus trabajos informales; en pequeños emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas y comercios que dependen de la generación de ingresos diarios y no cuentan con respaldo financiero; en la clase media que depende de sus ingresos y que sin capacidad de ahorro caerá en la pobreza; en aquellos que aún viviendo en condiciones de vulnerabilidad habían logrado generar ingresos propios para no recurrir a la asistencia pública y que se verán obligados a solicitarla con el correspondiente golpe a la autoestima.
Como respuesta a esta situación, algunos países han implementado medidas económicas para salvaguardar a los sectores productivos y a los grupos vulnerables. El 20 de marzo, el Gobierno Nacional de El Salvador lanzó un paquete de medidas económicas para garantizar el acceso a servicios básicos para toda la población. Entre estas medidas, se anunció el cese de los pagos durante tres meses de servicios públicos, incluyendo servicios de teléfono e internet. Además, suspendió el pago de hipotecas y alquileres, tanto de viviendas como de locales comerciales. Por otro lado, también se anunció el otorgamiento de bonos para sustituir la falta de ingresos y un estricto control de precios, especialmente sobre productos básicos y alimentos.
Perú, por su parte, también ha implementado medidas en lo económico para mitigar los impactos de la pandemia sobre los sectores productivos y los grupos vulnerables. La Ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció un paquete de medidas equivalente a 12 puntos del PIB nacional para hacer frente a la emergencia. Perú fue uno de los primeros países de la región en establecer medidas de restricción de la circulación y suspender las clases. En un país en donde alrededor del 70% de la economía es informal, el cese de actividades supone un golpe que podría ser mortal, de no contar con la intervención del Estado.
El Gobierno Nacional estableció medidas que contemplan tanto al individuo como a la pequeña y mediana empresa. En primer lugar, se establecieron subsidios directos para los grupos más vulnerables de la población, como el otorgamiento de bonos y la entrega de canastas de alimentos. Además, para mitigar el impacto de la pandemia en las economías familiares, se fijaron nuevos plazos de vencimiento de pagos de impuestos y otros tipos de deberes sin generar intereses, y se pusieron a disposición ingresos provenientes de cajas previsionales a modo de adelantos. Por otro lado, se han abierto líneas de crédito para que las empresas puedan acceder a recursos que les permitan pagar sueldos y otras obligaciones. Estas líneas de crédito están garantizadas por el tesoro público y tendrán tasas de interés muy bajas. Además, se entregarán subsidios equivalentes al 25% del salario de los trabajadores de ingresos más bajos.
Buenas prácticas en el mundo
Medidas como las anteriores, e incluso otras más drásticas, se están tomando en diversos países del mundo. Y algunas de ellas ya están comenzando a mostrar su efectividad. Islandia es uno de los pocos países en el mundo que ha sido capaz de contener el avance de la pandemia sin implementar una cuarentena. Si bien se han implementado medidas de distanciamiento, como la prohibición de reuniones de más de 20 personas, las personas han mantenido sus actividades con normalidad, incluyendo las clases. La estrategia de Islandia ha sido realizar testeos masivos y gratuitos a toda la población. Pero, además, Islandia comenzó a realizar testeos mucho antes de que se desatara la crisis global a mediados de marzo a todas las personas que llegaban al país, tuvieran o no síntomas.
Si bien las condiciones de Islandia, como su población reducida (364 mil habitantes) y apartada en una isla son únicas, su estrategia ha permitido extraer algunas conclusiones de gran utilidad para comprender la dinámica del contagio. La vigilancia minuciosa de la movilidad del virus les permitió rastrear la procedencia de los contagios y, como consecuencia, identificar 40 cepas diferentes del virus. Además, la mitad de los positivos al momento de realizar el test no mostraban ningún síntoma de la enfermedad. Los estudios que ha realizado sobre el genoma del virus responsable del COVID-19 permitirán avanzar mucho en el conocimiento de los factores de riesgo y los mecanismos de acción del virus, lo cual, a su vez, resulta en información valiosa para generar protocolos de prevención eficaces.
Medidas económicas como las adptadas en Perú se vieron en otros países del mundo, en algunos incluso aplicadas con mayor intensidad. Es el caso de Francia, anunció hacia mediados de marzo un paquete de 300.000 millones de euros de liquidez para empresas otorgado a través de avales públicos y créditos. Además, lanzó una batería de medidas que incluyeron la suspensión del pago de impuestos, hipotecas, alquileres, facturas de luz y de agua, entre otras. Alemania, por su parte, puso en marcha un plan que incluye la concesión de créditos ilimitados para empresas y la ampliación de los vencimientos de pago y el otorgamiento de subsidios para garantizar los ingresos de los trabajadores. Esta clase de medidas fueron adoptadas en varios países del mundo, con el propósito de proteger a las empresas y preservar los empleos y los ingresos.
Si bien la emergencia está en plena vigencia y es muy probable que se extienda por un largo período, muchas de estas medidas están teniendo efectos inmediatos, no solo en la contención de la pandemia, sino también en la capacidad de supervivencia de las personas. El COVID-19 exhibe con crudeza las deficiencias de los sistemas que gobiernan el mundo, pero también exhibe las fortalezas de aquellas prácticas orientadas al bien común. Y, en este sentido, pasa a ser relevante reconocer esas prácticas y preguntar a qué tipo de paradigma responden. Porque la transformación sistémica que exige el mundo está en esa respuesta.
Por Yanina Paula Nemirovsky
El contenido de esta publicación no refleja la posición de la Fundación Avina sobre el tema.
