El 2019 marcó un antes y un después en la conciencia social sobre la crisis climática. Fue un año de movilizaciones globales por el derecho a un futuro climáticamente estable. Centenas de ciudades, empresas y organizaciones han declarado la emergencia climática y 121 países manifestaron su intención de avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. Pero, en el otro extremo, en el 2019, incendios sin precedentes arrasaron con bosques de Sudamérica y otras partes del mundo, al tiempo que temperaturas récord se registraron en todo el planeta. Además, Estados Unidos formalizó su pedido de salida del Acuerdo de París. Y, mientras tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando.
La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático prometía ambición, pero no logró su objetivo. Después de una negociación que se extendió por 44 horas más de lo programado, los países no alcanzaron acuerdos en temas críticos para avanzar en la reglamentación del Acuerdo de París. La COP25, que originalmente sería en Brasil, luego en Chile y, finalmente, se trasladó a España, dejó tras de sí cuestionamientos sobre el sistema multilateral que, si bien es necesario para el abordaje de la crisis climática, todavía no avanza a la velocidad que la urgencia requiere.
Muchas personas recibieron los resultados de la COP con ánimos de decepción. Pero también hubo signos de esperanza para quienes estuvieron en diciembre en Madrid. Fuera de las salas de negociaciones, en las calles, en los pasillos y en las salas de reuniones de la Feria de Madrid (IFEMA), la sede de la COP, sociedad civil, comunidad científica, gobiernos locales, mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, han debatido, demandado, propuesto y articulado soluciones para la crisis climática.
Movilización por el clima en Madrid, durante la COP25 Escenario de actos al término de la movilización
Luces y sombras de la COP25
El 26 de noviembre se publicó la nueva edición del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019, una evaluación anual sobre el estado de las emisiones en el mundo en relación con las metas que establece el Acuerdo de París. A días de la COP25, el reporte dejó en evidencia que la humanidad está peligrosamente cerca de fallar en limitar el calentamiento global 2 grados Celsius (que es la meta del Acuerdo de París) y, más aún, en 1,5 grados (la meta ideal consensuada por la comunidad científica). Si se cumplieran los compromisos actuales presentados en el marco del Acuerdo de París, la temperatura media global aumentaría en 3,2 grados. Para alinear los compromisos con la meta de 1,5 grados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a 25 gigatoneladas anuales al 2030. No obstante, si el ritmo actual continúa, las emisiones al 2030 serán de 56 gigatoneladas. El mundo debe descarbonizarse a una velocidad de 7,6% anual para alcanzar la meta. Si no actúa ahora, para el 2025 la tasa de descarbonización deberá ser del 15,4% anual. Y, en este punto, la meta del Acuerdo de París será prácticamente inalcanzable.
Esta necesidad de cambiar drástica e inmediatamente la trayectoria de emisiones, impulsó a la COP25 a presentarse como la cumbre de la ambición. Profesionales de la ciencia, sociedad civil y algunos gobiernos esperaban que la COP estableciera una fecha para que los países revisaran y aumentaran sus compromisos, reflejados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). El lema de “aumentar la ambición”, que resonó con fuerza en todo el 2019, apunta a lograr que los países alineen sus compromisos con la meta del Acuerdo de París. Sin embargo, este fue uno de los puntos álgidos de las discusiones, ya que algunos países argumentaron que los compromisos climáticos pertenecen al ámbito de la soberanía nacional y, por lo tanto, cada país debe ser libre de decidirlos. Finalmente, si bien el texto aprobado urge a los países a abordar la brecha de emisiones de forma consistente con la meta del Acuerdo, no establece mecanismos concretos a la vez que utiliza un lenguaje que muchos consideran insuficiente.
Otra de las grandes demandas que pesaban sobre la espalda de esta COP tiene que ver con el financiamiento de las pérdidas y los daños. Este ha sido un tema de discusión por lo menos desde 2013, cuando se estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM por sus siglas en inglés) con el objetivo de hacer frente a las pérdidas (es decir, los impactos irreversibles del cambio climático) y los daños (que son aquellos impactos en los que todavía es posible realizar algún grado de reparación). Desde entonces, la cuestión del financiamiento ha trabado la implementación de este mecanismo y ha estado sometida a una disputa entre los países más vulnerables, que exigen un aumento en la transferencia de recursos financieros y tecnológicos, y los países de renta alta, que buscan evitar aportar esos recursos.
La Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) reafirmó su posición, en palabras del Ministro de Ambiente de Belice, Omar Figueroa: “Las pérdidas y los daños suponen un problema existencial para nosotros. Necesitamos un financiamiento claro, predecible y accesible que nos permita realmente compensar las pérdidas y los daños que muchas de nuestras naciones hermanas están sufriendo”. Estados Unidos fue el gran opositor a otorgar compensaciones, pero tuvo apoyo de la Unión Europea, Australia y Canadá. El resultado final de las negociaciones sobre este punto fue un texto que, por un lado, urge a apoyar a los países más vulnerables con financiamiento, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades para hacer frente a las pérdidas y los daños. Pero, por otro lado, no especifica mecanismos de financiamiento ni tampoco establece que los países desarrollados y de renta alta deban ser la fuente de ese financiamiento.
El establecimiento de un mercado de carbono está previsto en el Acuerdo de París. No obstante, todavía queda por definir su reglamentación y este fue otro de los grandes temas que quedaron sin resolver en esta COP. ¿Por qué? Porque un reglamento inadecuado podría poner en riesgo la integridad del propio Acuerdo. En principio, un mercado de carbono permitiría a los países vender créditos por reducción de emisiones a otros que los necesiten para alcanzar sus metas nacionales. En tal caso, el país que vendiera los créditos no podría considerar esa reducción de emisiones como propia y no debería contabilizarla como una reducción en su inventario de gases de efecto invernadero. Y aquí radica el problema fundamental: una reglamentación poco clara podría abrir las puertas al llamado conteo doble, es decir, que dos países, el vendedor y el comprador, contabilicen como propia la misma reducción de emisiones. La mayoría de los países está de acuerdo en que el reglamento debe impedir que esto ocurra. No obstante, otros han promovido la adopción de un reglamento que deje las puertas abiertas al conteo doble y, ante el peligro que esto supone, finalmente se decidió no resolver la cuestión y postergar las discusiones para el año próximo, en la COP26 en Glasgow. En palabras de Joe Thwaites, experto en finanzas climáticas del World Resources Institute, “la falta de acuerdo es mejor que un mal acuerdo”.
A pesar de todo, la COP mostró otros avances y señales de aumento de ambición. El 11 de diciembre se presentaron avances en la Alianza de Ambición Climática. Esta Alianza, encabezada por Chile, reúne compromisos renovados de países y otros actores para presentar planes de acción climática alineados con el objetivo de París y alcanzar la carbono neutralidad al 2050. El compromiso fue asumido por 121 países Parte de la Convención, 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 bancos de inversión y reconoce la necesidad de implementar acciones climáticas ambiciosas y transformacionales.
António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, se mostró optimista ante esta Alianza, que había sido lanzada en la Cumbre Global de Acción Climática celebrada en septiembre, en Nueva York: “El crecimiento de esta Alianza me resulta enormemente alentador. El paso de la economía gris a la economía verde está en marcha y está ganando impulso”. La Alianza de Ambición Climática también prevé adoptar metas de adaptación enfocadas en la gestión sostenible del agua, la infraestructura resiliente y las ciudades. Sin embargo, se debe subrayar que esta meta, si bien establece una visión unificadora concreta y medible, es apenas un primer paso. También se deben fortalecer los mecanismos de monitoreo de la implementación de las acciones necesarias para alcanzarla.
Otro de los avances de la COP25 tuvo que ver con el reconocimiento de la importancia de colaborar con actores no Parte de la Convención y aumentar la eficacia de la Plataforma de Nazca para el seguimiento de los compromisos voluntarios. También se renovó el mandato de la Alianza de Marrakech para la Acción Mundial por el Clima, que reconoce y celebra el rol de actores no estatales en la implementación del Acuerdo de París, a través de eventos de alto nivel y nombramiento de paladines de acción climática.
Las soluciones están en la naturaleza
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) son una clave para la acción climática y cada vez tienen un peso mayor en las discusiones. Según el Manifiesto de las soluciones basadas en la naturaleza para el clima, elaborado por China y Nueva Zelanda, colíderes de la Coalición NBS para el clima que se lanzó en la Cumbre Global de Acción Climática de Nueva York, “las NBS podrían constituir más de un tercio de la mitigación más eficiente del clima, necesaria desde ahora hasta el 2030 para estabilizar el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados Celsius, alcanzando un potencial de mitigación de la naturaleza de 10 a 12 gigatoneladas de dióxido de carbono por año”.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define las Soluciones Basadas en la Naturaleza como un conjunto de “acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres”. Es decir que no solo dan soluciones para la mitigación del cambio climático, sino también para la adaptación de las sociedades y los ecosistemas. Son soluciones que permiten abordar el problema desde una perspectiva integral.
Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ver con prácticas agroecológicas, con formas diferentes de manejar el suelo y los recursos naturales, con los saberes tradicionales. Involucran metodologías que encierran lógicas diferentes a las del mercado, que son las que hoy imperan y las que han generado el problema del cambio climático. No se trata de soluciones nuevas. Se trata de volver a mirar a la naturaleza, a sus ciclos de regeneración, y volver a establecer un vínculo con esos ciclos, que son los que verdaderamente gobiernan la vida en el planeta. El cambio climático, síntoma de un paradigma basado en la acumulación de poder y dinero y en un modelo económico, de producción y de consumo lineales evidencia que es imposible contradecir los ciclos de la naturaleza y no morir en el intento.
Las formas de vida ancestrales de los pueblos indígenas reconocen y se basan en los ciclos de la naturaleza. Por esto, las culturas indígenas son contrarias al sistema de saqueo de la naturaleza y esto afecta su propia supervivencia. En la COP25 estuvieron presentes representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, que no solo presentaron acciones y resultados en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, sino que también denunciaron la persecución constante de un sistema que busca exterminarlos.
La justicia de género es el camino
Según Pilar Bueno, Co-Presidenta Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, “cualquier planificación de adaptación tiene que partir de la perspectiva de diversos enfoques a partir de una dinámica participativa y utilizar las Soluciones Basadas en la Naturaleza, las soluciones basadas en el género y los saberes tradicionales de forma transversal”. En este sentido, América Latina tiene un gran potencial para alcanzar sus metas de mitigación y adaptación, ya que es una región abundante en recursos naturales y culturalmente diversa. Pero, a la vez, es una región atravesada por la inequidad, en la que los derechos humanos no están garantizados, en especial de los pueblos indígenas y las mujeres.
Ninguna transformación es posible si no se hace sobre la base de la equidad y con un enfoque de derechos humanos. En este sentido, la COP25 mostró algunos avances en cuanto a la inclusión de estos parámetros como mandatos obligatorios para los países. Uno de los avances concretos fue la renovación del Plan de Acción de Género, que también corrió el riesgo de naufragar hasta el último momento. Pero, gracias a la gestión de grupos feministas, como Women and Gender Constituency (WGC), finalmente se aprobó un nuevo texto que incluye menciones concretas a los “derechos humanos” y a una “transición justa”. Y, además, el Plan de Acción de Género fue tomado en las negociaciones paralelas del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés), que prevé mecanismos específicamente orientados a financiarlo.
Las mujeres son agentes de la transformación. Así como sufren impactos diferenciados por el hecho de ser mujeres, también llevan adelante una lucha que, en última instancia, contempla los derechos humanos en su totalidad y promueve la transformación sistémica. Las mujeres son típicamente las poseedoras y las transmisoras del conocimiento ancestral. Son las que conocen el territorio, las que seleccionan semillas, las que proveen el agua. Son las que se oponen al extractivismo. Las que cuidan las comunidades, las familias, las generaciones futuras. La agricultura de subsistencia está principalmente a cargo de las mujeres, y por eso ellas implementan las prácticas agroecológicas, conocen los ciclos del suelo, del agua y del clima. Mujeres rurales del mundo están implementando nuevas formas de tenencia de la tierra, a pesar de tener limitado su acceso a la tierra justamente por ser mujeres. Las mujeres son la columna vertebral de las luchas ambientales y sociales y lideran miles de movilizaciones en defensa de los territorios. El movimiento global de jóvenes por el clima es liderado por mujeres jóvenes y adolescentes.
Según un comunicado publicado por el WGC, la renovación del Plan de Acción de Género fue un acierto, pero no se puede considerar como una victoria. Todavía falta avanzar en términos de definir objetivos e indicadores para el monitoreo de la implementación del plan. También es necesario profundizar en la comprensión sobre cómo las identidades no binarias son afectadas por el cambio climático, a la vez que la gente, desde esas identidades, mitiga y construye resiliencia. Además, el WGC reconoce que ninguna acción real en términos de justicia de género es posible si no se avanza en la implementación del Acuerdo de París. “El Plan de Acción de Género es una herramienta para avanzar sobre la equidad de género y la acción climática. Pero la equidad de género no se limita al Plan de Acción”.
Osprey Orielle Lake, Fundadora y Directora Ejecutiva de Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN), en conferencia de prensa afirmó que “es importante destacar que la violencia contra la tierra está directamente relacionada con la violencia contra las mujeres. Y que el paradigma patriarcal dominante, de colonización, racismo y capitalismo depredador, está basado en el poder y la explotación de las mujeres, la tierra y las personas negras, y necesitamos exponer las intersecciones que existen entre estas opresiones”.
La equidad de género es justicia social y ambiental. Contempla la visión de los pueblos indígenas y busca preservar y promover el conocimiento ancestral. Es un enfoque integral, que incluye mitigación y adaptación como un todo, y que está íntimamente vinculado con las soluciones basadas en la naturaleza. Por esto, a pesar de la frustración que dejan las negociaciones, la COP25 fue un espacio que expuso la fuerza que están adquiriendo estos movimientos, que no solo denuncian un sistema opresor, sino que traen soluciones concretas a la mesa. Porque, en palabras de Jacqueline Ávila Vilca, mujer indígena y Directora del Consejo de Mujeres Licanantay de San Pedro de Atacama: “Nosotros no somos pueblos indígenas defendiendo la naturaleza. Somos la naturaleza defendiéndose”.
Por Yanina Paula Nemirovsky
El contenido de esta publicación no refleja la posición de la Fundación Avina sobre el tema.
