En Chile, las ferias libres funcionan bajo ordenanzas municipales diversas, con reglas que varían según el territorio. Existen, operan y cumplen un rol ampliamente reconocido por la población, pero sin una definición legal común ni un marco nacional que ordene su funcionamiento.
Este escenario comenzará a transformarse significativamente para las 1.455 ferias libres existentes en Chile, de las cuales dependen millones de personas tanto para su sustento como para el acceso cotidiano a alimentos, a partir del avance del proyecto de Ley de Ferias Libres, recientemente despachado desde la Cámara de Diputadas y Diputados y próximo a su promulgación.
La Ley establece un marco jurídico integral orientado a otorgar reconocimiento, regulación, protección y fomento a las ferias libres como unidades productivas y comerciales asociativas. Con el objetivo de que la normativa incluya, de manera explícita, que las ferias libres contribuyan al desarrollo local y fortalezcan la seguridad alimentaria y nutricional del país, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acompañó técnicamente, desde el 2022, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a las organizaciones de feriantes y al Congreso Nacional participando tanto en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, así como en la Comisión de Economía de la Cámara del Senado.
“Las ferias libres cumplen un rol relevante en el abastecimiento alimentario local, especialmente en barrios urbanos y territorios donde la oferta comercial es más limitada. La ausencia de una definición legal clara era uno de los principales desafíos a abordar”, señaló Maya Takagi, Representante de la FAO Chile.
Uno de los cambios centrales de la ley es la redefinición de la organización interna de las ferias y su relación con las autoridades locales, mediante instancias formales de representación. Al mismo tiempo, se fortalece el vínculo con las municipalidades a través de ordenanzas armonizadas.
José Olivo, concejal y presidente de la Comisión de Turismo y Finanzas del Municipio de Algarrobo, localidad ubicada en el litoral central de Chile, valoró el alcance de esta transformación tras haber impulsado la primera feria libre de la comuna. “Contar con una ley nacional entrega criterios comunes para la gestión municipal y facilita ordenar una actividad que está presente de manera permanente en el territorio”, indicó.
Para Olivo, el impacto es doble: mejora la gestión pública y fortalece el acceso a alimentos. “la nuestra es una feria con presencia en zonas urbanas y rurales, donde el acceso a alimentos frescos y a precios justos beneficia tanto a la comunidad como a quienes visitan la comuna durante todo el año. Esta ley dignifica el oficio feriante; por ello, hago un llamado a los concejales a dar seguimiento a su cumplimiento”, concluyó. Los concejales son parte del Concejo Municipal y se encargan, entre otras funciones, de normar sobre materias comunales (presupuestos, ordenanzas, proyectos) para el desarrollo local.
Clara Román, presidenta de la Feria de Lo Espejo y secretaria de la Federación Nacional de Ferias, con más de tres décadas de experiencia y participante del proceso legislativo, recordó el escenario previo a esta ley: “Las reglas dependían de cada municipio; las ordenanzas no siempre eran claras y eso generaba una incertidumbre permanente para nuestras familias, especialmente en torno a los permisos para instalar y operar los puestos en la feria, así como a su duración”. La nueva normativa introduce mayor certeza y continuidad, incorporando aspectos como la prioridad para herederos en caso de fallecimiento, además de fortalecer la participación en la toma de decisiones.
