Representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y actores sociales presentaron una serie de propuestas destinadas a fortalecer la movilidad laboral en América Latina, en el marco del XV Congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM), celebrado bajo la presidencia pro tempore de Chile, a través del Servicio Nacional de Migraciones, el 27 de noviembre.
Las propuestas fueron construidas en el evento paralelo Movilidad Laboral: Experiencias regionales para una migración segura y con derechos. En este espacio, representantes de 28 organizaciones de América Latina presentaron experiencias regionales, instrumentos internacionales vigentes que dieron pie a un conjunto de recomendaciones con foco en la contratación ética, la protección de derechos, la integración socioeconómica, la seguridad social, y la mejora de mecanismos de gobernanza vinculados al trabajo temporal y estacional, especialmente en sectores históricamente precarizados.
En general, se plantea una agenda regional que articula políticas migratorias y laborales, destacando la oportunidad que representa la movilidad laboral para impulsar y sostener la economía y la seguridad alimentaria de los países y el mundo, mejorar la intermediación y fortalecer los sistemas de protección.
Sindy Hernández, responsable país en Guatemala de Fundación Avina, releva el valor de escuchar a las propias personas trabajadoras migrantes. “Estas personas son quienes viven, padecen, enfrentan los desafíos, pero también ven oportunidades sobre cómo pueden ellas ser un agente de cambio en países ajenos a los propios. Creo que las autoridades se dan cuenta que hoy más que nunca también debemos articularnos y vernos como una región más allá de un país. Podemos ser ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien articulando y colaborando en pro de las personas”.
Entre las propuestas se subraya la necesidad de implementar corredores intrarregionales de Movilidad Laboral Ética, reconociendo que esta movilidad es circular (es decir, de ida y regreso a sus países de origen por temporada), articulando la oferta y demanda laboral entre países y garantizando contratos estándar, reconocimiento de competencias y fiscalización tripartita.
También se propone crear un Registro Regional de Empleadores Habilitados, asociado a un sello de contratación ética y auditorías periódicas que aseguren cumplimiento normativo. Y, al mismo tiempo, se insta a fortalecer mecanismos locales y regionales de coordinación, incluyendo plataformas de alertas tempranas sobre abusos laborales y observatorios de movilidad laboral que generen información anual sobre prácticas, riesgos y oportunidades del trabajo temporal.
Protección de derechos y enfoque humanitario
La declaratoria enfatiza que la movilidad laboral debe estar integrada a sistemas nacionales de protección social, salud, infancia y género, proponiendo medidas como protocolos de identificación temprana de vulnerabilidades (trata, trabajo forzoso, violencia de género y niñez no acompañada); guarderías temporales y apoyos específicos para mujeres trabajadoras y familias migrantes en zonas agrícolas; y estándares mínimos de alojamiento, transporte y servicios básicos para trabajadores de temporada.
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“Como trabajadores agrícolas sufrimos mucho en el campo por falta de agua, higiene, más que todo. Y las que somos madres, o sea, mayormente las mujeres, somos las que la llevamos más dura porque todavía hay un poco de discriminación. Es interesante que pasen estas conversaciones y me encantaría que esto se pueda hacer realidad, porque tendríamos la seguridad de que vamos a llegar a un lugar estable, vamos a tener las comodidades y vamos a ser, como dicen, un trabajador feliz sin más”, relata una trabajadora boliviana que trabaja en la temporada de la fruta en Chile.
Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y bienestar de quienes se desplazan para trabajar, especialmente en contextos rurales y de cosecha donde las brechas y riesgos suelen intensificarse.
Respecto a derechos y modernización de los sistemas de seguridad social el texto propone avanzar en pilotos regionales para la portabilidad previsional, interoperabilidad digital con países de origen, educación financiera para el uso responsable de remesas y la construcción de un sistema regional de seguridad social que permita acceso a protección estacional, seguros y protocolos de salud, incorporando también a familias transnacionales.
Entre las medidas más urgentes, la sociedad civil plantea el fortalecimiento del visado de temporada que permita cambiar de empleador sin perder estatus, reducir la dependencia y prevenir abusos. También recomienda estandarizar y licenciar a los intermediarios laborales bajo criterios estrictos, siguiendo los convenios 97 y 143 de la OIT.
Asimismo, se propone desplegar Protocolos de Trabajo Decente y aumentar la fiscalización durante temporadas agrícolas, priorizando la supervisión en zonas rurales donde se concentran los mayores riesgos.
Más diálogo social para una movilidad laboral justa
Finalmente, el documento llama a consolidar espacios regionales de participación a través de Mesas Regionales de Diálogo Social Estacional con empleadores, sindicatos, sociedad civil y comunidades migrantes; redes comunitarias de acompañamiento jurídico, psicosocial y laboral; y estrategias de sensibilización y formación para sectores empleadores y actores públicos.
Estas instancias permitirían mejorar las condiciones laborales, prevenir riesgos y fortalecer la gobernanza compartida del trabajo temporal.
“Las leyes deben ser construidas con la participación de sociedad civil y las personas; necesitamos este enfoque, porque son quienes conocen estos temas”, dice Mercedes García, representante de la Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas, de Honduras. Y agrega: “Lo más importante es que podamos contribuir a que personas que son vulnerables tengan el pleno goce de sus derechos. Buscamos desarrollo, pero no que por un trabajo, por la misma necesidad que tenemos, se nos violen nuestros derechos”.
